La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al gubernamental Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) entregar toda la información que posea respecto de las cantidades y tipos de antibióticos utilizados en el cultivo de salmones durante 2014 por las poderosas empresas salmoneras.
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De manera unánime, el tribunal de alzada acogió la reclamación presentada por la organización no gubernamental de conservación marina Oceana y afirmó que "no existen motivos para mantener reserva de una información pública y que no afecta a la industria salmonera, más aún cuando algunas empresas accedieron a la entrega de dichos datos".
La Corte sostuvo que "existe, efectivamente, un interés público comprometido, como lo es la salud de las personas y la protección del medio ambiente, pues el acceso a la información solicitada lo es conforme a la finalidad señalada".
Los jueces llamaron la atención al Consejo para la Transparencia, a través del cual se pidió la información y fue denegada, y cuestionaron que no haya privilegiado la salud frente a la competitividad en los mercados. Oceana valoró la resolución y declaró que "esperamos que este tajante fallo establezca un precedente, que las salmoneras lo acaten y de una vez por todas logremos transparentar el uso de antibióticos en la salmonicultura chilena".
El conflicto con las salmoneras se inició en julio de 2014 cuando Oceana presentó un reclamo ante el Consejo para la Transparencia luego de que el Sernapesca se negara a revelar la cantidad y clase de antibióticos utilizados por las 58 salmonicultoras que existen en Chile.
Cincuenta empresas se negaron argumentando que se expondrían a un "riesgo competitivo y comercial" si entregaban la información requerida. La industria salmonera -uno de los cinco principales commodities de Chile y el segundo productor mundial- ha sido cuestionada por sus pares noruegos por la falta de apego a las normas sanitarias y ambientales en su modo de producción.
Esta industria, como el organismo controlador Sernapesca, hoy se encuentra severamente cuestionada, por el vertimiento al mar en marzo pasado de 39 mil toneladas de pescados muertos que, de acuerdo a los pescadores artesanales, habría influido en la extensión de la marea roja que afecta al sur del país.
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