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Comenzará en Córdoba el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez

El represor se sentará en el banquillo de los acusados por el denominado “caso Brandalisis”, en el que fueron asesinadas cuatro personas en diciembre de 1977.

Se trata del primer proceso por violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba.

Mañana martes, se iniciará el primer juicio por violaciones a los derechos humanos en la provincia de Córdoba, que sentará en el banquillo de los acusados al represor Luciano Benjamín Menéndez, en el denominado "caso Brandalisis", en el que fueron asesinadas en diciembre de 1977 cuatro personas.

Los hechos que juzgará el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Córdoba, se iniciaron el 6 de noviembre de 1976, cuando Humberto Brandalisis, fue secuestrado, aparentemente en la vía pública, tras retirarse de la vivienda de unos amigos, luego de compartir un asado, junto a su pareja Hilda Palacios.

En horas de la noche del mismo día, en su domicilio fue secuestrada Palacios y ambos fueron trasladados al centro clandestino de detención "La Perla" (hoy Museo de la Memoria), que dependía del III Cuerpo de Ejército, a cargo de Menéndez.

Por otra parte, ese mismo día, entre las 16 y las 17.15, fue secuestrado en su domicilio, Carlos Lajas, cuando se encontraba al cuidado de un sobrino pequeño, ya que su hermana Silvia debía retirarse de la vivienda familiar.

Alrededor de las 16, cuando la mujer regresó a la casa, se encontró con que su hermano no estaba, la puerta trasera de vivienda abierta y su hijo Marcelo en el cochecito con la mamadera aún tibia. Lajas también fue trasladado a "La Perla".

El otro hecho que se debatirá será el del pintor Raúl Cardozo, que fue secuestrado por un grupo de tareas en la pensión que ocupaba, el 8 de noviembre de 1977.

Desde sus detenciones, los cuatro fueron mantenidos en situación clandestina bajo condiciones infrahumanas, además de sufrir torturas físicas y psíquicas.

Según detalla la acusación, "los detenidos estaban vendados en forma permanente y eran obligados a permanecer acostados en colchones de paja ubicados en una cuadra, sin posibilidades de moverse y sin recibir atención médica ni sanitaria y con una alimentación deficiente".

Más adelante el defensor de Cámara, Marcelo Arrieta, quien solicitó la elevación a juicio, detalló en su presentación que en "La Perla" existía una oficina "especialmente acondicionada" para la tortura física consistente en "violaciones, aplicación de corriente eléctrica (picana), inmersión en agua (submarino mojado) y la asfixia (submarino seco)".

En la madrugada del 15 de diciembre de 1977, Brandalisis, Palacios, Lajas y Cardozo fueron retirados del centro clandestino de detención por personal civil y militar para ser asesinados en un simulacro de enfrentamiento.

Señala el letrado que este proceder "era habitual dentro del plan de desaparición física implementado por el Estado Nacional en la década del ’70".

"Específicamente, los sobrevivientes del dentro clandestino "La Perla", se refieren a la existencia de dos formas de eliminación de los detenidos, además de algunos casos que murieron producto de las torturas".

Indica Arrieta que, según los sobrevivientes, "al inicio del funcionamiento del centro, los detenidos eran retirados de la cuadra en grandes camiones Mercedes Benz, presumiblemente hacia sitios más alejados del mismo predio, ocasiones en las cuales eran fusilados, luego quemados y enterrados".

Posteriormente, comenzó a utilizarse lo que se conocía como "Operación Ventilador", que consistía en llevar a los detenidos, en poca cantidad, fuera del ámbito militar y en alguna zona desolada entre La Perla y esta ciudad "eran también fusilados".

Según indica la acusación, luego de cometido este hecho, se hacía circular la versión "oficial" en la que se indicaba que "ante el ataque de delincuentes subversivos fuerzas de seguridad se habían defendido resultando aquellos abatidos en un supuesto enfrentamiento".

Arrieta detalla que "esto tenía dos razones fundamentales, por un lado la necesidad de seguir justificando la existencia de la organización montada desde el poder público con la excusa de aniquilar la subversión y, por otro, la existencia de un ’pacto de sangre’ instaurado en la región por Menéndez".

Mediante este pacto "cuanto mayor fuera la cantidad de personas involucradas, mayor la impunidad que se generaba al asegurar que ningún subordinado denunciara a otros".

Finalmente señala que "la importancia" de los elementos reunidos a los efectos de esta causa es "probar que se trató de un plan, que como tal era organizado y perfeccionado, correspondiendo el análisis de cada caso particular con el fin de poder afirmar los hechos en relación a las víctimas y quienes son penalmente responsables por ellos".

En esta causa, según indicó la acusación, además de Menéndez, también están imputados el coronel (r) Hermes Rodríguez, el capitán (r), Jorge Acosta y el suboficial principal (r), Luis Manzanelli.

También fueron acusados en el pedido de elevación a juicio, el suboficial principal (r), Carlos Alberto Vega, el suboficial mayor (r), Oreste Padován y lersonal civil de inteligencia (r), Ricardo Lardone.