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La Fundación Memorias e Identidades, reclama no aprobar el protocolo de seguridad

"Se trata de una norma represiva, inconstitucional, disciplinadora, y limitadora del derecho de expresión y protesta de los sectores populares, a través de la represión", afirma el documento.

 "Repudiamos y rechazamos la posibilidad que el Gobierno Provincial ponga en vigencia el 'Protocolo de actuación de la Fuerzas de Seguridad en las manifestaciones públicas', pergeñado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por tratarse de una norma represiva, inconstitucional, disciplinadora, y limitadora del derecho de expresión y protesta de los sectores populares, a través de la represión", afirmó en un documento la Fundación Memoria  e Identidades del Tucumán, ante la posibilidad que nuestras autoridades provinciales decidan  la aplicación de esa medida.

        "Es que esa norma -agrega el documento-  atenta contra la libertad de expresión, e implica un fuerte retroceso en materia de derechos y garantías de los ciudadanos, ya que limita las manifestaciones callejeras, prohibe cortes en zonas arbitrariamente no permitidas, criminaliza las protestas y extiende las facultades  policiales para reprimir y habilitar detenciones arbitrarias de personas. Y sobre el particular, debe tenerse en cuenta que el derecho a la protesta, asegura el ejercicio de otros derechos humanos..."

         "Por otro lado -añade el documento de la Fundación Memoria e Identidades del Tucumán- se pretende mantener alejado al periodismo de los eventuales actos represivos, no se prohibe de manera explícita el uso de armas de fuego, y se permite la actuación policial sin uniformes identificatorios,  y todas estas prácticas nos retrotraen a los peores períodos de la dictadura genocida que asoló el país..." 

 "Este protocolo, indudablemente, intenta dar una cobertura legal a la represión destinada a disciplinar al pueblo y acallar las protestas sociales, originadas en la falta de respuestas a las necesidades y derechos populares, que -obviamente- serán defendidos en manifestaciones por los sectores perjudicados".

"Por todo lo apuntado -concluye el documento- es que venimos a reclamar que en la provincia de Tucumán no se aplique esta norma autoritaria y represiva".