Las iniciativas buscan que las causas por delitos de lesa humanidad se agilicen. Entre los proyectos sancionados se destaca la creación de un Fondo de Recompensas para quienes aporten datos para capturar acusados de participar en la represión ilegal.
La quinta ley sancionada tras un extenso debate, propone un mecanismo para la designación de los integrantes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de todo el país.
La Cámara de Senadores convirtió en leyes cinco proyectos
impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional tendientes a agilizar los
juicios por delitos de lesa humanidad, entre los que se cuenta la
creación de un Fondo de Recompensas para quienes aporten datos para
capturar acusados de participar en la represión ilegal.
Las
cinco leyes fueron aprobadas sin que los correspondientes dictámenes de
comisión hubieran cumplido el plazo reglamentario de siete días, algo
que no fue necesario ya que el oficialismo superó los dos tercios
necesarios para abreviar el trámite.
El Fondo de Recompensas
quedará constituido inicialmente con cinco millones de pesos en el
ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, con el
fin de recompensar a quienes aporten datos que contribuyan a la
detención de personas buscadas por violación a los derechos humanos.
La
nueva ley crea también la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas
Ordenada por la Justicia y establece que la identidad de quien aporte
la información será mantenida en secreto.
Otra de las leyes
que buscan agilizar las actuaciones procesales en el ámbito penal está
vinculada con los recursos dilatorios existentes en la justicia, como
los recursos judiciales que apuntan a asegurar al imputado un
pronunciamiento definitivo, en un plazo razonable.
El paquete
incluye además una norma que apunta a agilizar la elevación a la etapa
oral de los juicios y busca evitar que la demora en la resolución de
las causas prolongue innecesariamente la etapa de instrucción.
Esta
iniciativa establece que el recurso de apelación se seguirá
interponiendo en forma escrita ante el juez que dictó la resolución y
dispone que la audiencia no pueda llevarse a cabo sin la presencia del
recurrente.
Otra de las leyes establece la creación de una
nueva Cámara de Casación Nacional en materia penal, que tendrá
jurisdicción sobre los juzgados de la Ciudad de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires, y que, entre otras cuestiones, facilitará la
futura transferencia de los tribunales de la Capital.
La
quinta ley sancionada tras un extenso debate, propone un mecanismo para
la designación de los integrantes de los Tribunales Orales en lo
Criminal Federal de todo el país, para casos de licencia, suspensión,
recusación o vacancia de sus miembros y establece un orden para su
nombramiento.
Esta iniciativa es un complemento del que hoy
convirtió en Ley la Cámara de Diputados, y que la semana pasada obtuvo
media sanción del Senado, acerca de las subrogancias de los jueces.
El
jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto,
expresó que los proyectos discutidos hoy buscan "avanzar en la
agilización de las causas sobre derechos humanos y sobre delitos
comunes".
Por ello, remarcó que el Poder Ejecutivo Nacional "pidió un esfuerzo" para tratar "con cierta urgencia" los cinco expedientes.
Por
el contrario, el radicalismo votó en contra de los cinco proyectos
argumentando que "los proyectos llegaron prácticamente ayer y casi no
fueron discutidos en las comisiones".
En ese sentido, el
jujeño Gerardo Morales afirmó que su bloque tiene "objeciones de forma
y de fondo", y que por ello también se manifestó en contra de la
habilitación del tratamiento sobre tablas de las normas.
En
coincidencia, el socialista Rubén Giustiniani destacó que se trata de
"temas muy importantes" para "tratarlos con tanta urgencia" y sostuvo
que era mejor "esperar al menos una semana más".
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