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AMPLIARRousseff lanza una ofensiva contra juicio politico

Juicio a Rousseff amenaza unidad nacional

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo ayer que el "impeachment" impulsado por la oposición constituye una amenaza a la "unidad" nacional, tras recibir a un grupo de juristas contrarios al juicio y horas antes de que el Congreso anuncie la formación de una comisión especial que analizará la pertinencia de las denuncias en su contra.

Rousseff dio una conferencia de prensa después de recibir el respaldo y los argumentos de una treintena de juristas y especialistas que se opone al juicio político en su contra, y apenas antes de que su antecesor y mentor, Luiz Inácio Lula Da Silva, volviera a respaldarla.

La jefa del Estado pidió que el Congreso nacional suspenda el receso que tiene previsto entre el 22 de este mes y el 2 de febrero, para que avance el complejo proceso para determinar si debe responder a un juicio político. Diputados, mientras, pospuso hasta mañana la conformación de la comisión que debe analizar la conducta de la mandataria.

"Creo que no debería haber receso, pues vivimos un momento en que no tenemos el derecho de parar al país hasta el 2 de febrero", dijo la mandataria, y aunque consideró "justo y legítimo" que las cámaras legislativas descansen durante las fiestas de fin de año, evaluó que pueden “volver a funcionar a inicios de enero, retomar su actividad y juzgar todas las cosas que están pendientes".
Rousseff insistió en que las maniobras fiscales que el Gobierno realizó en algunos balances de años pasados, y que según los órganos de contraloría del Estado fueron "irregulares", no alcanzan para iniciar un proceso de destitución, aunque subrayó que esas cuentas deben ser analizadas y rechazadas o aprobadas por Diputados y el Senado.

“Brasil tiene una democracia pujante, con unas instituciones sólidas que deben actuar dentro del marco del estado de derecho; somos capaces de convivir democráticamente y por eso la gran importancia del estado de derecho y de la preservación de la más absoluta legalidad" para garantizar la "unidad" del país, afirmó la mandataria.

Rousseff habló con la prensa después de reunirse con un grupo de unos 30 juristas con los que analizó las acusaciones en su contra. La Presidencia divulgó una nota en la que afirma que todos los especialistas rechazaron su posible enjuiciamiento, porque en la acusación "no están presentes los requisitos constitucionales y legales necesarios para configurar un eventual delito de responsabilidad".

La apertura del proceso tiene que ser decidida por una comisión especial de la Cámara de Diputados, formada por 65 legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria, que iba a instalarse hoy pero cuya conformación fue postergada hasta mañana.

El grupo con el que se reunió la presidenta, denominado "Juristas en defensa de la Democracia", está integrado por profesores universitarios, abogados y constitucionalistas que ya habían manifestado apoyo conjunto a Rousseff a comienzos de año, cuando los movimientos que pedían su salida comenzaron a cobrar fuerza.

El grupo defiende la continuidad de la gestión de la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) hasta 2018, cuando acaba su período, y condena "rupturas autoritarias" de ese mandato.

El pedido de apertura del proceso para destituir a Rousseff tuvo el miércoles el visto bueno del titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que dio curso a la presentación de Hélio Bicudo, un fundador del PT que dejó el partido en 2005, y Miguel Reale Júnior, quien fue ministro durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.

Durante la cita con Rousseff, en la que estuvo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, los juristas le entregaron a la jefa del Estado trabajos de su autoría con posturas contrarias a su destitución, todos realizados gratuita y espontáneamente por los profesionales, según afirmaron, como respuesta a la "gravedad de la situación política nacional".

Como fondo de estos pronunciamientos, la Cámara baja aparecía inmersa en ásperas negociaciones para definir los nombres de los 65 diputados de la comisión especial, y oficialismo y oposición se disputaban el apoyo de los movimientos sociales para ejercer presión en contra o a favor de la continuidad del proceso. Parte de esas disputas generaron que el paso se posponga hasta mañana.

Quien reapareció ayer para respaldar el proceso contra la titular del Planalto fue su adversario en las elecciones de 2014, el socialdemócrata Aécio Neves, para el que es "sustentable" la denuncia contra Rousseff por violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

"Cuando ella (Rousseff) se burla de la Ley de Responsabilidad Fiscal lo hace concientemente, porque hay que recordar que ella fue alertada sobre esa violación de la ley durante la campaña electoral del año pasado, y no modificó su posición", afirmó Neves.

Dentro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) parece haber intención de respaldar un eventual gobierno del ahora vice Michel Temer si llegara a prosperar el juicio contra Rousseff. El senador José Serra, por ejemplo, se declaró dispuesto a “ayudar” si eso pasara.

A esa declaración se suma que Temer se reunió el fin de semana con el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, uno de los dirigentes más importantes del PSDB.

Con todo, cuando Rouseff fue hoy consultada sobre su confianza en Temer, la mandataria fue tajante: "no tengo porque desconfiar ni un milímetro de él".

Por su parte, Lula salió a apoyar a su sucesora, en un acto de la Central Única de Trabajadores (CUT) en el que comparó al país con “un tren descarrilado” y remarcó que “para volver a encarrilar el tren no podemos permitir que haya un golpe de Estado vía 'impeachment' en el Congreso Nacional".

Para el mandatario 2003-10, lo que está por detrás de los intentos de destituir a la presidenta es "el deseo de la oposición de sacar a los pobres del poder".