La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, vetó el financiamiento privado de campañas electorales en medio del escándalo del "Petrolao", por el cual constructoras y otros grupos aportaron dinero a candidatos a cambio de contratos en la petrolera Petrobras.
El Diario Oficial de la Unión publicó en "edición extra" en la noche del martes pasado la promulgación de la nueva ley electoral que incluye el veto el artículo que autoriza el financiamiento privado.
En su fundamentación la mandataria cita el reciente parecer del Supremo Tribunal Federal, votado por amplia mayoría el 17de septiembre, según el cual la participación de grupos económicos es inconstitucional.
Por otra parte Rousseff menciona haber consultado a la Abogacía General de la Unión para la cual el aporte empresarial a partidos representa una amenaza a la "igualdad política de los ciudadanos y a los principios republicanos y democráticos".
La complicidad entre empresarios y políticos quedó evidenciada en el proceso judicial sobre el escándalo del "Petrolao" por el cual fueron procesados altos ex dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores y de otras agrupaciones.
El ex presidente del PT, José Dirceu, y ejecutivos de las empresas constructoras más importantes del país están presos por su participación en el "Petrolao".
El veto publicado en el Diario Oficial fue recibido con críticas por la oposición que amenaza paralizar las actividades en el Congreso de este miércoles para restablecer la participación privada en el financiamiento de la actividad proselitista.
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