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AMPLIARRousseff acompañada por sus ministros, anoche en Brasilia

Rousseff convocó a congresistas por el plan de ajuste

La presidenta de Brasil afirmó ayer que su gobierno está "atento" a "todos los intentos" de generar "inestabilidad" en el país y prometió "impedir" el fortalecimiento de movimientos antidemocráticos.

Dilma Rousseff se pronunció así luego de recibir ayer a líderes del Congreso, donde hay mayoría opositora, para negociar la aprobación del proyecto sobre el impuesto al cheque.

"Haremos de todo para impedir que los movimientos no democráticos crezcan y se fortalezcan", dijo Rousseff en declaraciones a periodistas en el Palacio do Planalto, sede del Ejecutivo.

La mandataria recordó que "Brasil a duras penas conquistó una democracia" y volvió a criticar a los grupos de "pesimistas de guardia" que, según ella, son los únicos que "ganan" con la crisis.

Seis partidos de la base que apoya a Rousseff divulgaron hoy un manifiesto en "defensa de la democracia", frente al empeño de la oposición por promover un juicio con miras a la destitución de la presidenta.

El documento fue firmado por legisladores de los partidos de los Trabajadores (PT), del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), Comunista do Brasil (PCdoB), Progresista (PP), Social Democrático (PSD) y Republicano del Orden Social (PROS), todos miembros de la coalición gobernante.

"Declaramos nuestro firme y decidido apoyo al mandato legítimo de la presidenta Rousseff, que se extinguirá solamente el 31 de diciembre de 2018", dice el texto.

El presidente del PT, Rui Falcao, integró el grupo que visitó a la mandataria y afirmó que hay sectores que "intentan abreviar el mandato de la presidenta ante lo cual nosotros nos manifestamos en defensa del mandato popular y de la democracia y contra todo tipo de golpismo".

La semana pasada, cuatro partidos de la oposición anunciaron su decisión de articularse para someter a Rousseff a un juicio político. Este grupo sostiene que la jefa de Estado debe responder por los escándalos de corrupción en Petrobras y por maniobras irregulares que el gobierno hizo para maquillar su resultado fiscal de 2014.

En este marco, el gobierno lanzó ayer un nuevo conjunto de medidas de austeridad que fueron criticados por las principales industrias y causaron rechazo en los gremios que representan a los trabajadores del Estado. 

Por ese tema la mandataria convocó a las autoridades del Parlamento al Palacio do Planalto y les explicó la necesidad de votar el impuesto al cheque, CPMF en su sigla portuguesa, clave para alcanzar un superávit del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016.

Luego de una intensa ronda de reuniones con el titular de Hacienda, Joaquim Levy, y otros ministros durante el fin de semana, Rousseff resolvió profundizar su programa de austeridad.

Todo el paquete, ahorro de egresos y aumento de ingresos, suma unos 17.000 millones de dólares con lo cual se alcanzará un superávit del 0,5% del PIB en 2016. El principal obstáculo de Rousseff, entre otros, será conquistar el respaldo del Poder Legislativo. 

Antes de la reunión, el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, expresó sus dudas sobre el respaldo al incremento de tributos. "Veo poco probable que haya un consenso" en cuanto a aumentar la carga tributaria dado que "el gobierno tiene una base muy frágil y además el CPMF es un tema polémico", planteó Cunha considerado uno de los rivales más duros del Ejecutivo.

Este nuevo impulso a la austeridad se originó luego de que la agencia de calificaciones Standard and Poor's bajó la nota de la deuda soberana, con lo cual Brasil perdió el grado de inversión.

El titular del Banco Central, Alexandre Tombini, afirmó hoy que el ajuste marcha en "en la dirección correcta" y que no había otra alternativa a esta paquete luego de la pérdida del grado de inversión.

El riesgo, dicen algunos emprendedores, es que todo esto conduzca al agravamiento de la recesión que este será del orden del 2,5% y del 0,5 % en 2016 según una previsión publicada ayer por el Banco Central.

Se prolongará la retracción de la demanda y, con ello, se atrasará el repunte de la industria automotriz, dijo Luiz Moan, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos (ANFAVEA) .

El representante de las ensambladoras no apoya el regreso del impuesto al cheque porque "el sector automotriz tiene la mayor carga tributaria del mundo, el 40%".

"Las medidas que fueron anunciadas afectan a la sociedad en general no sólo a la industria" declaró por su parte Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias de San Pablo. 

El conjunto de medidas anunciado ayer por Levy y el titular de Planificación Nelson Barbosa, incluye diferir el aumento salarial de los empleados públicos y suspender el llamado a concursos para puestos en el Estado.

También habrá eliminación de ministerios, con la probable unificación de las carteras de Trabajo y Previsión.

A los cuestionamientos de opositores como Cunha y empresarios como Skaf, se sumaron los formulados por dirigentes oficialistas, como Lindbergh Farias. El senador del PT lamentó el "paquete de maldades" presentado por el ministro Levy. "El gobierno volvió a tirar contra nuestras bases. Dilma está disparando contra la gente que puede tener que ir a las calles a defender el mandato de ella", aseveró Farias.

En tanto, la Central Unica de los Trabajadores (CUT), vinculada al PT, organizó hoy una protesta en San Pablo contra las medidas. El presidente de la CUT Vagner Freitas, expresó hoy sus críticas al ministro Levy al que responsabilizó por "este paquete recesivo" cuando, dijo, lo que necesita el país es "más desarrollo, más empleo y más renta".