El presidente de la constructora Camargo Correa, Dalton Avancini, uno de los investigados por el caso Petrobras, confesó a la Justicia que la empresa también pagó sobornos para adjudicarse las obras de una importante línea de ferrocarril, en la misma línea de las operaciones que se han hecho con los contratos de Petrobras.
De acuerdo con lo que publicó el diario O Globo, Avancini se refirió a la construcción del ferrocarril Norte-Sur, que, una vez concluido, tendrá una extensión de unos 4.155 kilómetros y pasará por diez de los 27 estados de Brasil.
El ejecutivo afirmó que el esquema en el sector de transporte era similar al de Petrobras: las constructoras llegaban a acuerdos para elevar el precio de los contratos y luego repartían esos fondos entre agentes públicos y políticos.
Avancini, con prisión domiciliaria desde el lunes y quien tiene un acuerdo con la Justicia de delación premiada a cambio de una reducción de pena, implicó a otras grandes constructoras, como Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvão, también investigadas por su presunta participación en el escándalo de corrupción de Petrobras.
Las tres firmas negaron su participación en cualquier esquema de corrupción, así como el pago "indebido" a los funcionarios públicos o políticos.
La Contraloría General de Brasil ha iniciado procesos administrativos contra 29 empresas privadas, entre ellas Andrade Gutiérrez y Camargo Correa, por su posible participación en las denuncias de corrupción en Petrobras.
En caso de comprobarse su participación en el escándalo, esas empresas podrían sufrir multas e incluso ser impedidas de participar en nuevas licitaciones públicas, según un comunicado de la Contraloría.
Las revelaciones Avancini ampliaron las investigaciones del operativo Lava Jato que involucra toda la red de corrupción que salpica a Petrobras.
Las investigaciones del escándalo de corrupción en la petrolera han permitido a la Policía detener a cinco ex altos cargos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas.
Además, se investiga a 50 políticos por sospechas de que se beneficiaron de la corrupción en Petrobras, la mayor empresa de Brasil y responsable de cerca del 15 % del Producto Interior Bruto (PIB) brasileño.
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