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VIH :denuncian mala atención a afiliados a las obras sociales IOMA y PAMI

Las personas que viven con el virus del VIH que se atienden por las obras sociales de IOMA y PAMI sufren la mala calidad en la atención y la discontinuidad en la entrega de los medicamentos, según lo expresa una investigación de FUNDAMIND.

En el resto de las obras sociales, no existe hoy gran cantidad de reclamos, según informan distintas ONG´s con trabajo en vih sida y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Este organismo  controla el funcionamiento de las obras sociales “nacionales” (no así al PAMI y al IOMA, Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires).

Según las fuentes consultadas para esta investigación en las obras sociales gremiales y las prepagas la situación ha mejorado en los últimos años. Pero esto no es así con algunas obras sociales provinciales, como en el caso de IOMA.

“En el IOMA, los problemas son constantes, además de la atención deficitaria, se suma el faltante de medicación. Desde la Red Bonaerense de Personas Viviendo con VIH hemos hecho muchos recursos de amparo, entonces ahí cumplen los primeros meses pero después la situación se repite” sostuvo Fabián Salguero, responsable de la Red Bonaerense.

Salguero afirmó que “lo más preocupante de esta cuestión, es que la gran mayoría de los afectados no llegan a las instituciones ni a hacer reclamos; muchos conocidos se han cansado de hacer denuncias y reclamos. La burocracia cansa y pegas la vuelta y te vas a tu casa, pero no debería ser así; hay leyes y la tienen que cumplir. La caja chica de las obras sociales están para solucionar estos problemas y  deberían comprar las drogas faltantes con ese dinero”.

En el 2007, del total de 453 denuncias recibidas en el Centro de Denuncias contra la Discriminación del Foro de ONG´s contra la Discriminación, se registraron 14 denuncias sobre algún tipo de incidente discriminatorio en obras sociales y prepagas, de las cuáles sólo 3 se transformaron en causas judiciales.

El director del Centro de Denuncias contra la Discriminación, Daniel Barberis sostuvo que la cantidad de denuncias han “disminuido notoriamente en los últimos años, pero como producto de las estrategias de atención de la salud que los gremios y la medicina privada han asumido, no por méritos del Estado”

La Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH, con actuación en 17 municipios, tiene su sede central en Morón. Allí se reciben muchos reclamos, ya sea por la interrupción de los tratamientos (debido a que el sistema es muy burocrático y solicitan doble autorización) o por otras fallas. Luego la Red se encarga de canalizar las denuncias y encontrar respuestas que solucionen la situación de las personas afectadas.

“En las obras sociales tenemos muy poco problemas con VIH, salvo aquellas que tienen cortado el servicio, ahí se perjudican todos los que son pacientes “crónicos”: HIV, diabetes, oncológicos, etcétera. En VIH, no se puede depender de la capacidad económica del paciente, porque cuando no pagó, empeora su calidad de vida y aparecen enfermedades, por eso el sistema de salud debe ser solidario” afirmó el Dr. Gustavo Santero, Subgerente de Control Prestacional de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Se debe tener en cuenta que la baja cantidad de denuncias en la Superintendencia se basa en el desconocimiento por parte de los beneficiarios de las funciones de esta organización. Sólo la conoce “el 30% de los 15 millones de beneficiarios que debemos controlar. Pero en el 2.002 sólo nos conocía el 3%. Queremos que más gente nos conozca y haga aquí sus denuncias” enfatizó Santero.

Lo que marca la ley
Según la ley Nº 24.455, todas las Obras Sociales del Sistema Nacional, incluidas en la Ley 23.660 (gremiales, provinciales, de entes estatales), deben incorporar como prestaciones obligatorias la cobertura para los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas con VIH y/o SIDA y la cobertura para los Programas de Prevención del SIDA.

A partir del año 2.002, mediante la resolución 475, la Administración de Programas Especiales (APE), que financia patologías de Alto Costo y Baja Prevalencia, se hace cargo de todos los gastos que originan estos tratamientos y las obras sociales deben solicitar los reintegros correspondientes. “La cobertura del HIV debe ser del 100%. Incluye internación, antirretrovirales, profilaxis primaria y secundaria, tratamientos de rescate, Megaterapia, Carga Viral, Genotificación (si hay resistencias)” afirmó el doctor Santero.

En la Argentina podemos identificar tres modelos de atención: el público, el de seguridad social (sistema de obras sociales), y el sistema de seguro voluntario prepago (privado).

En el país hay 302 obras sociales con 15 millones de personas bajo su órbita, sin incluir a las obras sociales provinciales, a las de la fuerzas de seguridad y a las prepagas, que no son controladas directamente por la Superintendencia. En estos casos, lo único que controla este organismo es que todos brinden el Programa Médico Obligatorio (PMO), que es una canasta de procedimientos y medicamentos, y el resto del control depende del reglamento interno de cada institución.

“El PMO de Argentina es enorme, quizás no esté tan ordenado, pero comparativamente es más grande que otros países” afirmó Santero.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Administración de Programas Especiales (APE) funcionan a través de un fondo solidario, que sale de lo que pagan los trabajadores. El sistema de obras sociales recibe el 9%  (6% del empleador y 3% del empleado), de ese porcentaje, estos organismos obtienen el 10%. O sea, cada $1.000 pesos que cobra cada trabajador, el APE y la SSS se quedan con 9 pesos para financiar este sistema solidario. En vih, cada obra social paga el costo del tratamiento, pero después presenta la rendición en la APE y recibe los fondos.

El universo del sistema de salud es muy vasto y heterogéneo. Además de los millones de personas que se atienden en hospitales públicos, provinciales o municipales, hay 15 millones de beneficiarios (de los cuales, 4 millones corresponden a PAMI) que gozan de alguna obra social nacional, otros 5.000.000 en las provinciales, y otros 3.200.000 que se dividen en Prepaga Pura (2.000.000) y Plan Superador (1.200.000).

“El principal problema de nuestro sistema es que es muy heterogéneo, está segmentado y dentro de esos segmentos, está fragmentado. Por ejemplo, en las obras sociales el PMO es distinto en Buenos Aires que en Chaco. Los pacientes de las obras sociales, también tienen características distintas, no es lo mismo un trabajador rural que un oficinista, hay segmentaciones dentro del mismo sistema de seguridad social. A eso hay que sumarles las obras sociales provinciales, las prepagas chiquitas que le roban a la gente y no le dan servicios y después está el sector público: no es la misma atención de una patología si pasas de un partido a otro, por ejemplo de Vicente López a San Fernando, porque se depende de un intendente o Secretario de Salud. Por todo esto no hay un sistema integrado de salud, como sí se observa en Brasil, Cuba o en Costa Rica” afirma el  doctor Santero, quien ha participado en el ordenamiento legislativo del sistema de salud argentino, que como queda a la vista, todavía es un proceso que queda por cerrar.