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La Cámara Federal ratificó la inconstitucionalidad del indulto a Martínez de Hoz

La Sala II de la Cámara Federal confirmó la inconstitucionalidad de los indultos dictados por el ex presidente, Carlos Menem, que benefició, entre otros, al dictador Jorge Videla, y a los ex ministros Albano Harguindeguy y José Martínez de Hoz, con lo cual puede avanzar la causa por el secuestro de dos empresarios textiles, en noviembre de 1976.

De esta manera podría ser ordenada su encarcelamieto.

En sendas resoluciones de 49 carillas, los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Freiler ratificaron, de esa manera, la nulidad del decreto 2741/90 dictada por el juez federal Norberto Oyarbide en esta causa. De acuerdo con lo resuelto por la Cámara Federal, observadores judiciales no descartaban que, cuando el expediente llegue nuevamente a la primera instancia, el juez Oyarbide pueda ordenar la detención de Martínez de Hoz, ya que Videla y Harguindeguy ya están detenidos.

En esta causa se investiga el secuestro de los empresarios Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto, ocurrido el 5 de noviembre de 1976 (ambos fueron liberados el 6 de abril de 1977) por su resistencia a realizar una operación comercial con su firma productora de algodón con empresarios ingleses y chinos residentes en Hong Kong.

Ante esta negativa, Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz firmaron un decreto sosteniendo que la actividad de los empresarios "atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público y los permanentes intereses de la República".

Mediante ese decreto, dijo el camarista Cattani en su voto, se "revistió de una falsa legalidad" la detención de ambas víctimas quienes fueron obligadas a "mantener diversas reuniones relacionadas con la actividad económica, a las que fueron conducidas bajo estricta custodia policial" y luego reintegradas a la cárcel.

En su voto Cattani recordó que no se puede "perdonar actos que impliquen la concesión de facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgar sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna".

Los camaristas afirmaron que no se pueden "albergar dudas" que son "delitos de lesa humanidad" los cometidos por los jerarcas del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional", motivo por el cual, además, son imprescriptibles.