AMPLIARGabriel Ganón

27/11/2013 - Santa Fe

El Defensor General de Santa Fe dijo que los presos en la provincia viven como en plena dictadura

Gabriel Ganon sostuvo que sufren “un plan sistemático de castigo” y que nadie conoce los paraderos “hasta que se le ocurre al servicio penitenciario comunicarle a la familia”.

Al hacer referencia a las recomendaciones del comité de desapariciones forzadas de Naciones Unidas hacia la Argentina, Ganon explicó que en Santa Fe, “desde hace tiempo notamos particularidades en el traslado de presos a otras provincias”, como Córdoba y Entre Ríos, dijo el funcionariop a radio Nacional

Detalló que “estos traslados habían sido realizados por cuestiones de castigo y fuera del control político y judicial de los funcionarios intervinientes”.

El funcionario explicó que cuando iniciaron las averiguaciones sobre el tema con directores de penales de la provincia y de otros distritos tomaron conocimiento de que los presos se encontraban en esos lugares a causa de acuerdos que había entre los servicios penitenciarios de Córdoba y Santa Fe.

Afirmó que “estos traslados generan una situación de aislamiento de inhumanidad, de destrozo psíquico de la persona privada de la libertad, porque el aislarlo de esa manera de la familia lo coloca en una situación de absoluta indefensión. Lo aíslan de la familia, lo aíslan del contacto con su abogado y lo colocan a merced del servicio penitenciario”.

Ganon destacó que no es algo nuevo. “Ocurría durante la dictadura militar con los presos que estaban a disposición del poder ejecutivo nacional que eran trasladados, les costaba mucho a los familiares enterarse donde estaban detenidos sus familiares, aún de los presos que estaban legalizados”.

“Nadie sabe donde está el detenido hasta que se le ocurre al servicio penitenciario comunicarle a la familia”, subrayó y resaltó que se trata de “un plan sistemático de castigo”.

Recordó el caso de Roberto Yrusta, quien había pasado por todo tipo de torturas en la provincia de Córdoba.

Explicó que Yrusta tomó contacto con la prensa, hizo pública su denuncia a mediados de 2012 y que luego, lo trasladarían por decisión de las autoridades penitenciarias con acuerdo de la familia a la provincia de Santiago del Estero.

Indicó que cuando sus familiares vuelven a Cruz del Eje a buscar a Roberto, se enteran que ya lo habían trasladado, pero no le dicen donde había sido alojado.

“A los 15 días tomaron contacto con él. Les dice que otra vez había sido golpeado y que estaba en la provincia de Santa Fe. Antes de que puedan llegar a visitarlo, en Coronda, Santa Fe, Roberto aparece muerto, le entregan el cuerpo y al observarlo lo encuentran golpeado, con marcas extrañas, ampollas de gran tamaño en los pies e intentan saber que había pasado y el servicio penitenciario les dijo que se había suicidado y yo estoy convencido que lo mató el servicio penitenciario de Santa Fe”, indicó.

Agregó que el comité de desapariciones forzadas pide que se tomen medidas sobre el descontrol judicial sobre este tipo de traslados arbitrarios.

Además resaltó que no hay que perder de vista “la poca voluntad del poder judicial de hacerse cargo del control del poder  administrativo” y que deja a estas personas libradas al poder administrador y que hagan con estas personas lo que se les ocurra.

“El poder judicial mira para otro lado, no solo en el traslado, sino cuando tenía que investigar lo que le había pasado, y teniendo delante un informe de autopsias que mostraba las lesiones que tenía”, agregó.