El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Luiz Alberto Figueireido, declaró ayer que el gobierno analiza los pasos a seguir ante las autoridades de Italia respecto del eventual pedido de extradición de un prófugo italo-brasileño condenado por su participación en la red de sobornos conocida como "Mensalao".
"Ahora el tema está siendo seguido por el Ministerio de Justicia", señaló Figueireido sobre las gestiones iniciadas por su gobierno tras la fuga a Italia del italo-brasileño Henrique Pizzolato, condenado a más de 12 años de prisión en el "Juicio del Siglo" sustanciado el año pasado.
"Yo no voy a manifestarme sobre lo que pueda decidir el
gobierno de Italia sobre este tema, es temprano para hacer
comentarios", sostuvo Figueireido durante un breve diálogo con
ANSA mantenido en un pasillo del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en Brasilia.
"Recién es lunes, todavía no" se hicieron consultas con la
Embajada de Brasil en Roma para analizar un eventual pedido de
extradición de Pizzolato ante las autoridades italianas, apuntó
el Ministro de Exteriores, tras lo cual señaló que prefería no
abundar en el tema.
La Policía Federal informó el fin de semana haber solicitado
a Interpol que incluya a Pizzolato en la lista "roja" de los
delincuentes a ser detenidos en cualquier lugar del mundo.
El viernes el Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de
12 implicados en el "Mensalao", como el otrora hombre fuerte del
gobierno de Luiz Lula da Silva, José Dirceu, varios ex
dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), y
de Pizzolato.
Al parecer Henrique Pizzolato huyó a Italia hace más de un
mes a través de Paraguay, pese a que sus pasaportes habrían sido
retenidos por la Policía Federal.
Un columnista informó ayer en una radio de la cadena Globo que
asesores del Palacio del Planalto, sede de la Presidencia,
reconocieron informalmente que resulta poco probable que Italia
acceda a deportar a Pizzolato.
Brasil e Italia firmaron en 1989, y entró en vigor en 1993,
un tratado de extradición cuyo artículo sexto indica que cada
parte se reserva la prerrogativa de no deportar a un connacional
pese a que éste tenga una sentencia firme en el otro país.
Este lunes se realizaba una reunión en el Departamento de
Extranjeros del Ministerio de Justicia para analizar la
estrategia a seguir frente a la fuga de Pizzolato, que fuera
director del departamento de marketing del Banco do Brasil en el
primer gobierno de Lula (2003-2006) y antes de ello participó en
el equipo de campaña del ex presidente.
Según trascendió en una nota de la Agencia Estado los
funcionarios del Ministerio de Justicia barajaron varias líneas
de acción y una de ellas es el bloqueo de los bienes de
Pizzolato a fin de asfixiarlo económicamente e inducirlo a
retornar a su país.
Tanto el Palacio del Planalto, como los ministerios de
Exteriores y Justicia, tienen presente que es baja la
probabilidad de que Italia acceda a deportar a un italiano, no
solo por razones jurídicas contempladas en el tratado de
extradición bilateral, sino por una serie de antecedentes
políticos.
El más importante de ellos, según apuntan analistas, es el
asilo político concedido al ex extremista italiano Césare
Battisti el 31 de diciembre de 2010, en el último día de
gobierno del entonces presidente Lula da Silva, pese al pedido
de deportación formulado por Roma.
"Me temo que los italianos, que quedaron molestos por el caso
de Césare Battisti (asilado en Brasil por el gobierno de Lula
Ndr.) tal vez ahora se va a cobrar esa deuda ahora con
Pizzolato, y no dará la deportación que quiere Brasil", ponderó
el politólogo Marco Antonio Carvalho, de la Fundación Getulio
Vargas.
Por su parte Antonio Celso Alves Pereira, presidente de la
Asociación Brasileña de Derecho Internacional considera que "el
antecedente de Battisti puede influir políticamente en la
decisión que tome el Estado italiano".
Alves Pereira comenta, sin embargo, que no es pertinente
comparar jurídicamente a los casos de Pizzolato y Battisti.
"Henrique Pizzolato es un italiano que se fue a su país, y
esto es completamente diferente a lo de Battisti, porque Battisi
es ciudadano italiano que recibió asilo en Brasil por parte del
gobierno del PT… en ese caso Brasil tendría que haberlo
deportado por lo que dice el tratado bilateral".
"Yo diría que la situación de Pizzolato es muy parecida a la del ex dueño del Banco Marka, Salvatore Cacciola, él también fue condenado en Brasil, él era nacido en Milán, se escapó para Italia (hace una década Ndr), que no lo devolvió cuando Brasil pidió la deportación ajustándose al artículo 6 del tratado" recordó el especialista Alves Pereira.
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