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España sigue pasos de Grecia con el cierre de la TV pública regional

El cierre de Radiotelevisión Valenciana es "innegociable", aseguró hoy el presidente regional valenciano, Aberto Fabra, del derechista Partido Popular (PP), a menos de 24 horas de anunciar con un comunicado que el ente público dejará de existir.

Se trata de una decisión inédita en el país y que en Europa tiene como precedente el caso de la TV pública griega.

La decisión fue tomada después de que la Justicia valenciana consideró nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE)- despido colectivo- iniciado a mediados de 2012 y que afectó a 1.198 trabajadores de la empresa pública.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) resolvió que existió una "vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas" y que los trabajadores tenían que ser readmitidos.

Sin embargo, horas después de que se conociera la sentencia, el gobierno valenciano emitió un comunicado en el que anunció la supresión del servicio de RTVV argumentando que la readmisión de más de mil empleados era inviable.

Los trabajadores de RTVV continuaron en sus puestos de trabajo y  advirtieron que lucharán para evitar el cierre del ente público.

Incluso fueron más lejos y por primera vez en mucho tiempo desafiaron la censura impuesta en el medio y denunciaron que varios ex directivos de RTVV están implicados en el caso de corrupción Gürtel, vinculado al PP, y que un ex secretario general, Vicente Sanz, afronta un juicio por acoso sexual a tres periodistas de la cadena Canal 9.

"No voy a ser yo el que ponga 40 millones de euros para poder cumplir la sentencia. Si hay una verdadera línea roja es que vamos a mantener los servicios básicos y no se va a cerrar ningún colegio, ni hospital, ni vamos a dejar de atender a las personas más necesitadas para mantener RTVV", aseguró hoy el presidente regional.

En conferencia de prensa trasmitida en directo por la propia cadena regional, Fabra argumentó que el cierre de RTVV era "la única decisión que podía tomar" tras el fallo judicial y que la decisión había sido acordada con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Rajoy sigue así los pasos del primer ministro griego, el conservador Antonis Samaras, quien en junio tomó una decisión inédita en democracia y en la historia mediática de Europa: cerrar por decreto la Radiotelevisión pública griega (ERT), dejando en la calle a sus 2.600 trabajadores.

Aquella medida fue adoptada bajo presión de la Troika- Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, que, entre otras recetas neoliberales, exigió despidos masivos en el sector público a cambio de los millones de euros entregados a Grecia desde inicios de 2010 para evitar su bancarrota.

Si bien el gobierno griego hizo un relanzamiento de la Televisión Pública (denominada DT, por sus siglas en griego), su estructura quedó muy dismuida después del cierre de ERT. 

El cierre de RTVV "es una alerta demasiado grave" para otros medios de comunicación públicos, advirtió hoy Elsa González, la presidenta de FAPE (Federación de Asociaciones de Periodista de España), en declaraciones a la emisora Cadena Ser.


El presidente valenciano ordenó también la destitución de la directora del ente, Rosa Vidal, a la que responsabilizó de las decisiones erróneas adoptadas en aplicación de los despidos colectivos.


El cierre de RTVV, cuyas emisiones comenzaron en 1989, supondrá el despido de 480 profesionales que trabajan actualmente en los distintos canales de radio y televisión públicos de Valencia: Nou, Nou 24, NouRàdio y Nou Sí Ràdio. Antes del ERE, la empresa contaba con 1.628 trabajadores.

Previamente a la última reestructuración de la empresa, la deuda de RTVV era de cerca de 1.200 millones de euros, una cifra que dejaba en evidencia que el ente era claramente deficitario, indicó el gobierno regional, que explicó también que el costo de RTVE era de 183 millones de euros hace dos años, pero con el nuevo modelo se rebajó a una tercera parte.

Los trabajadores, que por la mañana recibieron con alegría la sentencia judicial sobre el ERE, por la tarde debieron hacer frente a la peor noticia jamás imaginada, y lo hicieron tomando la decisión de seguir en sus funciones, trabajando.

"Nuestra voluntad es trabajar y continuar con las emisiones con normalidad", dijo la presentadora del noticiero de la noche, leyendo un comunicado en nombre de los empleados de RTVV y rodeada de unos 40 trabajadores.

"Ni los valencianos ni los trabajadores son los responsables de una gestión política y económica que ha hundido la empresa", afirmaron, al tiempo que consideran una "vileza y acto de cobardía" que se haya optado por el cierre de RTVV como única solución a los problemas económicos de la empresa tras denunciar la corrupción que reina en el ente público. 

Los empleados, que exigen responsabilidades política, se congregaron para protestar anoche y esta mañana frente al Palacio de la Generalitat (sede del gobierno regional).

"No puede ser que seamos los trabajadores los responsables de este destrozo. Hay cinco ex directivos imputados por delitos gravísimo y nunca se exigió responsabilidades por su corrupción económica y moral", denunció Salut Alcover, presidenta del comité de empresa de RTVV. 

"Es el momento de sentarse a hablar. Esperamos que se abran vías de diálogo que nunca se quisieron abrir", pidió la representante de los trabajadores del ente público.