Julia Vitar e Inés Lugones realizaron impecables alegatos y pidieron perpetua en cárcel común para la mayoría de los imputados. Pidieron, además 20 años para el escribano Benedicto como autor material de tormentos a Adolfo Méndez.
Ayer continuaron los alegatos de los abogados querellantes en la Megacausa por secuestros, torturas, homicidios y desaparición de persona, entre otros delitos de lesa humanidad. Se destacó la presentación de Julia Vitar e Inés Lugones.
Ante una sala llena de familiares y público en general, Lugones habló del daño "transgeneracional" de los delitos de lesa humanidad. Además se refirió a las torturas que sufrieron los detenidos – desaparecidos en los Centros Clandestino de Detención (CCD) y de las pésimas condiciones de vida.
Por su parte la abogada Vitar explicó detalles de la doctrina militar de la llamada "lucha antisubversiva” y que “se aplicó un plan de violación sistemática de los Derechos Humanos", refiriéndose al Operativo Independencia.
Vitar subrayó el papel de las tareas de inteligencia de las fuerzas de seguridad para la represión, sin dejar de mencionar a los civiles que desarrollaron tareas de inteligencia. No dejó de mencionar la apropiación de niños. “Azucena Bermejo de Rondoletto estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada”, dijo.
Además recordó testimonios de violaciones y violencia sexual. "Son delitos de lesa humanidad", destacó y agregó "los delitos sexuales son imprescriptibles, porque son de lesa humanidad".
Vitar detalló cómo funcionaban los centros clandestinos dentro de un circuito represivo. Expresó que el imputado Albornoz era el "amo y señor" de la Jefatura, cosa que el genocida negó con la cabeza.
En otro pasaje de su alegato recordó el relato de un gendarme sobre el fusilamiento de dos integrantes de la familia Rondoletto. "A uno de ellos lo quemaron vivo" y recordó que “hoy (por ayer) el padre de Marta (ferviente militante por los Derechos Humanos, escuchaba en primera fila los alegatos) cumpliría años”.
Vitar habló de las víctimas que representa mientras mostraba sus imágenes. "Esta es la foto de Enrique Campos. Las fotos tienen nombre e historia", dijo.
Los alegatos de la dupla Vitar-Lugones. Alplausos fue tan emotiva que causó lágrimas entre los familiares de desaparecidos.
Las abogadas pidieron que las penas sean cumplidas de manera efectiva, en una cárcel común. Pidieron penas de prisión perpetua para la mayoría de los imputados. Para los acusados Soto y Caballero, 20 años y que el escribano Juan Carlos Benedicto sea condenado a 15 años como autor material de tormentos a Adolfo Méndez.
El tribunal está integrado por los jueces Carlos Enrique Ignacio Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas, Juan Carlos Reynaga y Hugo Cataldi. En el banquillo hay 41 imputados, de los cuales ocho han participado de las audiencias desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza y los restantes 33 lo hicieron en forma presencial ya 31 que ellos están en la Unidad Penitenciaria de Villa Urquiza y dos cumplen prisión domiciliaria por razones de salud.
Los alegatos continuarán la próxima semana.
Caso Rondoletto
El 2 de noviembre de 1976, alrededor de las 14, se presentaron en el domicilio de San Lorenzo 1666, San Miguel de Tucumán, un grupo de hombres, encapuchados algunos de ellos, previo bloqueo de la cuadra, cortando tráfico y tras permanecer más de una hora en la casa, sacaron de la misma a los cinco miembros de la familia Rondoletto, llevados con destino desconocido. Las personas secuestradas son: Pedro Rondoletto, Jorge Osvaldo Rondoletto, María Cenador de Rondoletto, Silvia Margarita Rondoletto y Azucena Ricarda Bermejo de Rondoletto.
Ese mismo día se hizo la denuncia en la Comisaría 8ª, y el padre de Azucena solicitó una audiencia al entonces Gobernador de la Provincia, General Bussi a través del Contador Elías, que se desempañaba como Ministro de Bussi y era amigo y relacionado por negocios tanto con la familia Bermejo como con la familia Rondoletto. Nunca se logró esa entrevista. Posteriormente se hicieron presentaciones de Habeas Corpus, algunos fueron rechazados y otros contestados negativamente. También se hicieron gestiones a través de terceros ante la Presidencia del entonces General Videla, con igual resultado al de los Habeas Corpus.
Según vecinos, a lo largo de los días subsiguientes se produjo el saqueo de la casa de abajo. Se había dejado una especie de consigna (una vecina que no se había enterado de los hechos, fue atendida por esta persona cuando fue a visitar la casa).
Luego de un tiempo también fue robado el auto de Pedro Rondoletto, y hay versiones de que el auto de Jorge Rondoletto, que estaba en un taller, fue retirado de allí por personas que se identificaron como pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército. Los saqueos se produjeron a lo largo de algún tiempo y a pesar de que alguien colocaba cadenas sujetando el portón de entrada, éste siempre era violado.
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