La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, manifestó ayer su repudio a los grupos que atacaron predios públicos y bancos en los actos de protesta realizados en las últimas semanas en Sao Paulo y Rio de Janeiro.
"Debemos repudiar integralmente la violencia... están destruyendo el patrimonio público y privado. Es una barbarie" afirmó la mandataria en referencia a la actitud de grupos de acción directa como Black Bloc.
"Estamos a favor de las manifestaciones pacíficas, ellas son
fundamentales, y ellas expresan, de hecho, que evolucionamos
democráticamente", añadió Rousseff.
Los choques entre manifestantes y policías se multiplicaron
en las últimas semanas en Sao Paulo y Rio de Janeiro, las
ciudades más importantes del país.
El jueves un grupo asesinó a un niño y un policía en Rio de
Janeiro,al intentar liberar a delincuentes que se encontraban en
juzgado y el domingo la policía mató a un adolescente en una
barriada pobre de Sao Paulo, lo cual desató la ira de los
vecinos.
Justamente, a partir de las últimas manifestaciones violentas y
denuncias de excesos en la represión de las fuerzas del orden, el
gobierno federal convocó ayer al secretario de seguridad carioca,
Mariano Beltrame, y a funcionarios del estado de San Pablo para analizar
la situación.
Durante el encuentro, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo,
acordó con las autoridades elaborar un código de procedimientos de la
policía para enfrentar los desmanes en los manifestantes.
En esa línea, Cardozo anunció hoy que las policías de ambos estados
tendrán un grupo conjunto de inteligencia para enfrentar la presencia de
infiltrados en las protestas.
Según el ministro, las acciones "no tendrán como objetivo a los
movimientos sociales y sí a las personas que se organizan con el claro
propósito de infringir la ley".
El trabajo enfocará los "abusos" y tendrá un protocolo de procedimiento
unificado entre las autoridades que intervengan en las protestas para
contener manifestaciones violentas.
El protocolo será divulgado después de una discusión entre el Consejo
Nacional de Justicia (CNJ), Consejo Nacional del Ministerio Público
(CNMP) y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), que discutirán las
alteraciones en la legislación para evitar los llamados "excesos" de
violencia.
El anuncio se dio después de las sospechas de que integrantes del Primer
Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal del país
que actúa desde el interior de las cárceles paulistas, se habrían
infiltrado en las manifestaciones de esta semana.
Las protestas de los últimos días, donde hubo incendio de ómnibus y
bloqueo de rutas, fueron motivadas por la muerte en casos separados de
dos adolescentes a manos de la Policía en San Pablo.
"Ya tenemos un trabajo cotidiano y de rutina de intercambio de
informaciones. La idea es estrechar todavía más esos lazos y vamos a
dialogar incluso con los movimientos sociales", apuntó Cardozo.
Para el ministro, las organizaciones que participan de la ola de
protesta que estalló en junio intensificaron sus reclamos "tienen
interés en diferenciarse de los grupos que quieren desfigurar su
acción", dijo, según consignó la agencia noticiosa EFE.
Grella, en tanto, propuso el aumento de la pena para los agresores de
policías en ejercicio de su función y para los causantes de daños al
patrimonio público.
Sobre el tema de la criminalidad en la región, el secretario de
seguridad en Río de Janeiro dijo que en ese estado "se viven dos
momentos a la vez: una total tranquilidad en lugares donde antes había
una verdadera guerra, pero lamentablemente aún hay lugares en los que
tenemos una guerra", según el diario O Globo, citado por la agencia
ANSA.
Desde junio, Río de Janeiro enfrenta un clima de tensión agravado por
las protestas y el descontento en las favelas, donde fueron denunciadas
torturas y la desaparición de un albañil, un caso que fue repudiado por
Amnistía Internacional.
"Respecto de la punición de los policías envueltos en ilícitos quiero
decir que en Río, en los últimos siete años, ya fueron expulsados 1.500
policías" por diversos delitos en el ejercicio profesional, se justificó
Beltrame.
El origen de las multitudinarias protestas que comenzaron en junio en
varios puntos de Brasil surgieron por el alza del precio de los
transportes pero el reclamo fue sumando violencia y vandalismo en las
últimas manifestaciones.
Pese a los anuncios del gobierno, entre ellos un ambicioso plan de
inversión para transporte público, las manifestaciones continúan en
varias ciudades, siendo los dos focos más importantes San Pablo y Río de
Janeiro donde en los útimos días recrudecieron con violencia los
choques entre manifestantes y la policía.
"Debemos repudiar integralmente la violencia... están destruyendo el
patrimonio público y privado. Es una barbarie" afirmó hoy la presidenta
en referencia a la actitud de grupos de acción directa como Black Block,
que participan de las manifestaciones.
También se refirió ayer a este grupo el secretario general de la
Presidencia, Gilberto Carvalho, para quien los Black Block son un
fenómeno que el gobierno "aun no logra comprender" y que está "muy
preocupado" por sus acciones violentas, de cara a los dos eventos
internacionales en los que Brasil será anfitrión: la Copa del Mundo en
2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.
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