La Alta Corte británica rechazó el intento de los grupos económicos que concentran los principales diarios y revistas de frenar una nueva regulación de la prensa escrita, en una decisión llena de paralelismos a lo que ocurrió en Argentina.
Al igual que lo que pasó con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, declarada ayer "constitucional" por la Corte Suprema argentina, la regulación del sector fue consensuada en el Reino Unido por los principales partidos y tiene el apoyo de varias organizaciones sociales.
Pese a ese respaldo político y civil, los medios monopólicos buscaron impedir la sanción de un marco normativo que surgirá como respuesta a las escuchas ilegales que realizaron las publicaciones del magnate de medios Rupert Murdoch para conseguir primicias.
El escándalo llevó a la redacción del Informe Leveson, realizado por el juez Brian Leveson, que tiene como principal sugerencia la creación de un nuevo ente regulador, que sea independiente tanto del partido gobernante como de los medios.
Asociaciones a favor la libertad de expresión junto a Hacked Off, que reunió a las víctimas de las pnchaduras, así como los líderes conservadores, liberales-demócratas y laboristas que representan la mayoría parlamentaria, apoyan esa recomendación.
Sin embargo, desde la presentación del informe hace casi un año, las empresas de prensa escrita, que son las que se verían afectadas porque la comunicación audiovisual ya está regulada, presionan para impedir los cambios.
Hoy acudieron al Alto Tribunal para imponer un freno judicial, bajo el argumento que no fueron adecuadamente consultadas para crear una autoridad de control que, desde su perspectiva, violará el derecho de expresión.
Sin embargo, los dos jueces que escucharon la presentación judicial dictaminaron que "no tiene sustento" y la rechazaron.
Los grupos concentrados podrán presentarse hoy ante una Corte de Apelaciones, aunque los tiempos son ajustados porque en las próximas horas se reunirá el cuerpo político que aconseja a la reina Isabel II y que aprobará la nueva regulación.
Los partidos políticos decidieron que sea un estatuto real, mecanismo usado generalmente para la creación de universidades o supervisar la cadena pública BBC, en vez de una ley, ya que se necesitan los dos tercios del Parlamento y no la mayoría simple para modificarla.
El nuevo ente reemplazará a la cuestionada Comisión de Quejas a la Prensa (PCC) y si bien sus miembros serán elegidos por los propios diarios y revistas, deberán ser aprobados por un panel independiente y, a diferencia de lo que ocurre ahora, no podrán ser periodistas ni editores en función.
La autoridad tendrá la competencia de imponer multas cuando haya alguna violación a la ética periodística y dispondrá de un servicio de arbitraje para definir denuncias del público.
Los diarios y revistas no estarán obligados a regirse bajo el nuevo sistema de regulación, pero existen incentivos para que expliciten su consentimiento, como multas menos costosas que las que les impondría la justicia.
Estos cambios en la prensa escrita son en respuesta a las escuchas telefónicas y hackeo de computadoras que realizó el semanario News of the World, que por el escándalo dejó de editarse en julio de 2011.
El lunes comenzó el juicio contra algunos de los periodistas acusados, entre los que está Rebekah Brooks, ex mano derecha del magnate de medios Rupert Murdoch, y Andy Coulson, ex portavoz del primer ministro David Cameron.
Las víctimas de las pinchaduras fueron celebridades, como el actor Hugh Grant y la escritora JK Rowling -autora de la saga de Harry Potter-, y protagonistas de casos policiales, como Milly Dowler, una chica inglesa de 13 años que fue secuestrada y asesinada en 2002.
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