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AMPLIAREl Plan ideado para la represión regional

Aceptan como querellante al Frente Amplio en juicio en Italia

El Frente Amplio de Uruguay se convirtió en el primer partido político extranjero en participar como querellante en una causa en Italia, luego de que la Justicia de este país admitiera a la coalición como parte acusadora en el llamado Plan Cóndor, que juzga a 35 imputados por la desaparición de 23 italianos durante las dictaduras en el Cono Sur.

La decisión, adoptada por el juez romano Alessandro Arturi, alcanza al Frente Amplio y a los estados de Italia y Uruguay para que se constituyan como parte acusadora en el juicio de 17 uruguayos, 12 chilenos, dos bolivianos y cuatro peruanos, miembros de las juntas militares y servicios de seguridad de sus respectivos países entre los años 1970 y 1980.

Los procesados están acusados de la desaparición de 23 italianos a manos de los aparatos represivos de las dictaduras del cono sur que actuaron de manera coordinada para eliminar opositores a cualquiera de estos regímenes que se encontraran en cualquiera de estos países, plan de exterminio conocido como Plan Cóndor.

En la audiencia preliminar, que comenzó hoy en el Tribunal de lo Penal de Roma y continuará el próximo 22 de noviembre, Arturi desestimó, por otra parte, como querellantes al Partido Demócrata (PD) italiano y a la región italiana de Emilia Romaña (centro-norte) por no tener "conexión inmediata con las personas involucradas", según fuentes consultadas por la agencia EFE.

En Uruguay, en tanto, dirigentes del Frente Amplio y familiares de las víctimas manifestaron su "satisfacción" por la decisión de la Justicia italiana.

Uno de los vicepresidentes del FA, el senador Rafael Michelini, expresó a Télam la "importancia" del paso que dio Arturi de aceptar por primera vez a un partido político extranjero como parte acusatoria, en este caso junto a los estados de Italia y Uruguay.

Michelini, hijo de Zelmar, diputado uruguayo secuestrado y asesinado en Buenos Aires en 1976 en el marco del Plan Cóndor, aseguró que "se trata de un gran paso para que se avance en la búsqueda de toda la verdad" y que demuestra "la lucha que se ha desarrollado desde el frente Amplio en la lucha por Justicia".

En coincidencia, se manifestó el otro vicepresidente de coalición gobernante, Juan Castillo, quien la calificó "de una gran noticia no sólo para el frente Amplio sino para Uruguay y la región".

"Hay mucho que la fuerza política puede aportar en la búsqueda permanente por la verdad y para que en algún momento se llegue a hacer Justicia", agregó.

El secretario político del Partido Socialista en Montevideo, Gonzalo Civila, expresó que la decisión de Arturi "es un verdadero avance en la lucha contra la impunidad".

"Es muy positivo que se reconozca a una fuerza política democrática para participar en un proceso de búsqueda de verdad y justicia teniendo en cuenta la cantidad de militantes de ese partido que sufrieron al Plan Cóndor durante los años setenta", apuntó Civila.

De todos modos, Castillo marcó la "paradoja" de que se haya dado un "impulso a la Justicia" desde otro país mientras "en Uruguay no se ha avanzado todo lo que hubiésemos querido".

"Hemos tenido avances pero también hay golpes en contra. No hemos avanzado todo lo necesario, porque hemos tenido reacciones en contra", criticó.

Castillo destacó, sin embargo, que "hay que celebrar esta noticia, más allá de que en nuestro país la Suprema Corte de Justicia no contribuye a esta búsqueda de la verdad con sus trabas a algunos procesos", aseveró.

Una de los familiares de las víctimas, Cristina Mihura, cuyo esposo, Armando Bernardo Arnone, desapareció en Argentina, expresó también su satisfacción por la celebración de esta audiencia preliminar.

"Este proceso se inició hace más de diez años. Ha sido muy difícil y complicado y por eso necesitamos la ayuda de todos. Todavía hoy sigo sin saber dónde están los restos de mi marido y de sus compañeros", declaró.

Dos de los 35 acusados, el militar chileno Odlanier Rafael Mena Salinas y el expresidentes uruguayo Juan María Bordaberry Arocena, ya fallecieron.

Entre los acusados uruguayos están el exdictador Gregorio "Goyo" Álvarez, encarcelado en su país desde 2007 por violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar (1973-1985),  presidente de facto de 1981 a 1985.

La Operación Cóndor, un plan ideado por el chileno Augusto Pinochet, coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte, sobre todo, de los regímenes dictatoriales de Chile, la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.