El Gobierno pagará para que se levanten las demandas que 5 empresas poseen contra el país, como el grupo Vivendi, dueño de la compañía de aguas y cloacas en los `90.
El Gobierno pagará a cinco empresas alrededor de u$s 500 millones para que levanten las demandas que estas poseen contra el país en el CIADI (tribunal del Banco Mundial) y el Uncitral (la corte que depende de las Naciones Unidas). Para ello, les aplicará una quita y el desembolso se realizará en bonos soberanos. Se utilizarán para ello el Bonar 2017 y el Boden 2015.
El vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Amado Boudou, en conferencia con el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien está en Washington, iba a anunciar el acuerdo al mediodía pero se pospuso para la tarde por problemas en el satélite. Según pudo saber ámbito.com, Argentina pagará u$s 500 millones a cinco empresas para que retiren sus demandas ante el tribunal que depende del Banco Mundial.
Las cinco empresas con las que el Gobierno cerró acuerdos tenían sentencias definitivas a su favor en el CIADI y en el Uncitral, que habían sido originadas en la crisis de 2001, pero el país se negaba a pagarlas. El entendimiento involucra una quita en el capital e intereses, el pago en bonos y el compromiso de reinvertir en el país un porcentaje de la sentencia original
Las compañías involucradas son Azurix (prestaba el servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires, cuyo contrato se levantó en 2002), Blue Ridge (estaba a cargo de CMS Gas Transmission Company, también con explosión del contrato en 2002), Vivendi (que manejaba Aguas del Aconquija en Tucumán), National Grid (formaba parte de Transener, la transportadora de energía eléctrica) y Continental Casualty Company (accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo que poseía Letras del Tesoro argentino en pesos convertibles al dólar).
Lorenzino viajó a principio de esta semana a Estados Unidos para la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se realiza en conjunto con el Banco Mundial. Allí, tenía como misión destrabar créditos por u$s 800 millones ya disponibles para este año y conseguir nuevas líneas por otros u$s 1.000 millones.
La gestión de Barack Obama, con el apoyo de otras potencias, frenó todas las líneas habilitadas para el país hasta que la Argentina acepte pagar los juicios perdidos ante el CIADI.
El Gobierno ya inició negociaciones con algunas de esas empresas para saldar u$s 500 millones que adeuda.
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