"No sólo esperamos que se aplique la Ley sino que generamos instancias de organización y nos preparamos para el momento en que esté plena, para ir por la democratización de las comunicaciones", explicó Emiliano Piva, referente de la Federación Argentina de Estudiantes de Comunicación (FAEC).
La organización se constituyó formalmente el año pasado, en el marco del 10º Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación desarrollado en la provincia de Córdoba, luego de una década de trabajo territorial.
Según detalló Piva al programa radial Fabricando Alternativas (Radio Gráfica FM 89.3), FAEC surgió "frente a la necesidad de organizarse a nivel nacional, de darle una forma a lo que cualitativamente veníamos haciendo ya que veíamos que teníamos potencial pero el trabajo se acotaba a organizar el encuentro y luego cada agrupación estudiantil seguía aislada en cada uno de sus territorios".
Sobre los objetivos de la federación, luego de las primeras elecciones de FAEC realizadas en junio pasado, Nicolás Bustos, el flamante presidente, destacó a diversos medios: "Buscamos impulsar y preservar el derecho humano fundamental a la comunicación, bregar por la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y generar espacios de participación de los estudiantes."
En ese sentido, Piva remarcó que "la discusión por la aplicación de la Ley pasa por una más general, que es la inclusión de los diferentes sectores, y en ese marco no sólo trabajamos con el AFSCA sino que también lo hacemos con el sector de la economía solidaria, a través del programa Usina de Medios y las organizaciones de medios que crearon".
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley Nº 26.522) fue promulgada el 10 de octubre de 2009, dos meses después de que la presidenta Cristina Fernández enviara un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y de 24 foros participativos en donde se debatieron 21puntos presentados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004.
Así, la norma reemplazó a la Ley de Radiodifusión Nº 22.285, promulgada en 1980, durante la última dictadura civico-militar. En estos momentos, las empresas sin fines de lucro, entre ellas las cooperativas, mutuales y universidades, esperan un fallo de la Corte Suprema favorable a la constitucionalidad de dos artículos objetados por el Grupo Clarín para no perder su potencial monopólico e impedir la competencia en el mercado en igualdad de condiciones.
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