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AMPLIARProcesaron en Tucumán a siete imputados por trata de personas

Procesaron en Tucumán a siete imputados por trata de personas

Lo dispuso el juez federal Daniel Bejas. Se investiga a una organización creada para captar a mujeres con la finalidad de explotarlas sexualmente en dos prostíbulos de la capital provincial. A todos los procesados se les impuso prisión preventiva

El juez Daniel Bejas, titular del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, dictó el pasado martes el  procesamiento con prisión preventiva de siete personas, acusadas por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La medida alcanza a Mercedes del Carmen Medina y Ernesto Antonio Robles -en calidad de presuntos autores- y a Susana Antonia Figueroa, María Rosa Juárez, Aníbal Iván Frías,  Eduardo Alberto Loto y Juan Rafael Sarmiento -en calidad de partícipes necesarios-.

La investigación se inició este año por la denuncia presentada por el apoderado de la “Fundación María de los Ángeles”, en contra de María de las Mercedes Medina y Ernesto A. Robles (alias “El Negro”) por trata de personas, cuya explotación se produciría en un prostíbulo sito en calle Marco Avellaneda N° 666 (Bar California) y otro en un local al frente de la vieja terminal de ómnibus, denominado “Night Club”.

Señaló el magistrado en su resolución que la “violencia contra la mujer, en todas sus manifestaciones, más aún frente a la explotación sexual ya dejó de ser un problema íntimo y oculto, para convertirse en un problema del Estado”.

El magistrado afirmó que “los prostíbulos constituyen el destino por excelencia de la trata de personas con fines de explotación  sexual”, y dispuso comunicar la resolución a las autoridades provinciales pertinentes a los fines que en el marco de la Ley Provincial “Prostíbulo Cero”, procedan a la clausura definitiva de los locales investigados.

El magistrado señaló en el fallo que este pedido de clausura “lo hace protegiendo la libertad e igualmente la integridad sexual". Y agregó que "los proxenetas generan los ámbitos propicios para consolidar una práctica social consuetudinaria como asimismo la explotación sexual de la mujer.”

Además, el juez mandó a trabar embargos sobre los bienes de los acusados por sumas de hasta un millón de pesos.