El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que resolvió el cierre del penal Cordillera, uno de los dos que albergan presos por haber violado derechos humanos durante la última dictadura, luego de que se denunciara que sus reclusos gozan de privilegios.
Serán trasladados a Punta Peuco.
“El gobierno, tomando en consideración tres principios: primero, la
igualdad ante la ley; segundo, la seguridad de los internos, y tercero,
el normal y más eficiente funcionamiento de la Gendarmería (servicio
penitenciario), ha tomado la decisión de cerrar el centro penitenciario
Cordillera”, dijo Piñera.
En una declaración que hizo en el palacio presidencial de La Moneda, el
mandatario precisó que los 10 internos del Cordillera serán trasladados
“en el momento oportuno” a Punta Peuco, la otra cárcel especial para
violadores de derechos humanos -aloja a 44 presos- situada a 35
kilómetros al norte de Santiago.
“Por supuesto que el gobierno, al tomar esta decisión, ha tomado en
cuenta las disponibilidades del centro penitenciario Punta Peuco, que
tiene todas las facilidades y capacidades para recibir a los 10
reclusos”, subrayó Piñera.
La medida fue respaldada por la antecesora de Piñera y amplia favorita
para sucederlo en las elecciones del 17 de noviembre próximo, Michelle
Bachelet: “Cuenta con todo nuestro apoyo para llevar adelante esta
decisión”, afirmó la candidata opositora.
“Claramente es la decisión correcta porque se basa en que el país está en condiciones políticas para ello”, agregó Bachelet.
Piñera maduraba esta decisión luego de que el 10 de este mes, un día
antes de que se cumplieran 40 años del golpe de estado que instaló la
dictadura, el general retirado Manuel Contreras, quien dirigió la
policía secreta del régimen de facto y está preso en Cordillera, hiciera
declaraciones públicas que evidenciaron ciertos privilegios para su
condición.
La polémica se agudizó días más tarde, cuando gendarmes a cargo de la
custodia de los presos denunciaron las condiciones exclusivas del penal,
con cancha de tenis y televisión por cable, entre otras comodidades,
que configuran una situación muy diferente de la de las cárceles
comunes.
A esas declaraciones se agregó en los últimos días la versión de que se
preparaba un asado en homenaje de Miguel Krassnoff, otro ex integrante
de la policía secreta y también recluido en Cordillera.
En ese contexto, la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, María
Loreto Gutiérrez, tras inspeccionar el penal Cordillera el lunes
pasado, describió que los 10 reos allí alojados están distribuidos en
cinco cabañas que cuentan, cada una, con baño completo, duchas, agua
caliente, comedor, luz natural, buena ventilación y otras comodidades,
como radio y televisión.
El penal Cordillera, emplazado dentro de la sede del Comando de
Telecomunicaciones del Ejército, fue creado el 22 de noviembre de 2004,
bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos.
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