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AMPLIARPenal Cordillera, canchas de tenis, piscinas climatizadas y salas de juego

Envidiable prisión para 10 criminales lesa humanidad en Chile

Radio, televisión, actividades deportivas y religiosas, atención sicológica y siquiátrica, llamadas telefónicas y visitas diarias de sus familiares cuentan los 10 máximos violadores de derechos humanos de Chile en el penal exclusivo Punta Peuco, donde se distribuyen en cinco cabañas bien equipadas.

La controversia por las condiciones de privilegio y posible cierre del penal , donde cumplen condena represores de la dictadura pinochetista, tomó nuevo impulso, al involucrarse en la polémica los propios internos.

El hecho sucedió a partir de la suspensión de visitas y un polémico asado en honor a uno de los condenados por crímenes de lesa humanidad.

Al malestar generalizado de la sociedad chilena por las consideradas lujosas condiciones de alojamiento en la cárcel ubicada en un cuartel del barrio santiaguino de Peñalolén, que el presidente Sebastián Piñera evalúa cerrar, se sumó hoy un conflicto entre los diez represores que cumplen allí condena por la decisión de la Gendarmería (servicio penitenciario) de suspender las visitas.

La medida de seguridad echó por tierra el asado que pretendían realizar hoy militares retirados en homenaje al ex miembro de la policía secreta pinochetista, DINA, Miguel Krassnoff, quien cumple allí una condena de 144 años por secuestro, tortura y desaparición de opositores.

La decisión de Gendarmería completa la suspensión de las visitas que se le había impuesto como castigo por una semana por sus declaraciones contra los gendarmes (guardiacárceles) al general Manuel Contreras, exjefe de la DINA, condenado a más de 300 años por violaciones a los derechos humanos.

En una entrevista televisiva con motivo del 40mo aniversario del golpe de estado, Contreras afirmó que los gendarmes encargados de su custodia estaban ahí "para llevarle el bastón", expresión considerada "denigrante" por las autoridades carcelarias.

Las declaraciones de Contreras fueron repudiadas de inmediato por los otros nueve reclusos, todos altos oficiales, por temor a ser trasladados a otros penales y perder los privilegios.

Durante una inspección al lugar que realizó el lunes la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, los represores le manifestaron que "los dichos de Manuel Contreras en esa entrevista no representan su opinión y no quieren verse perjudicados por ello", según señala el informe elaborado tras la visita, conocido hoy.

En ese informe, la fiscal describió que los diez reos están distribuidos en cinco cabañas, que cuentan, cada una, con baño completo, ducha, agua caliente, comedor, luz natural, buena ventilación y otras comodidades como radio y televisión.

Según constató Loreto Gutiérrez, las condiciones de seguridad, orden e higiene son buenas y "la alimentación se elabora en el mismo penal, que cuenta con una nutricionista que va una vez a la semana".

Al penal Cordillera concurre dos veces por semana un médico, un kinesiólogo va los viernes y tres paramédicos cumplen turnos las 24 horas, indicó el informe.

Para atender a los diez represores presos, la prisión tiene una dotación permanente de 29 gendarmes, un asistente social y dos maestras de cocina, además de los tres paramédicos.

Sin embargo, la fiscal no mencionó en su informe que en el lugar hay una cancha de tenis, un quincho, Internet y televisión por cable o satelital, según denunciaron quienes buscan el cierre del penal.

Los diputados Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez, miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, también recorrieron la cárcel e insitieron con sus críticas hacia su funcionamiento.

"Si usted o yo cometemos un delito nos vamos a la ex Penitenciaría, donde hay hacinamiento. Acá está bonito, hay áreas verdes, caminan libremente, tienen piscina y cancha de tenis. Este tipo de privilegios, lo que hace es indignar a la gente", afirmó Jiménez. 

Por ello, el parlamentario valoró que Piñera evalúe cerrar este penal, en tanto Accorsi sostuvo que los diez represores deberían ser trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).

Los diputados presentarán un informe a la comisión de Derechos Humanos sobre estas condiciones de privilegio y argumentarán además "el gasto altísimo" para custodiar y cuidar a diez personas.

El penal Cordillera quedó en el centro de la escena esta semana a partir de que Piñera esbozara la chance de cerrarlo, a partir de la controversia generada por denuncias de los gendarmes sobre las condiciones exclusivas que tienen los presos, muy diferentes al hacinamiento de las prisiones comunes del sistema penitenciario chileno.