Radio, televisión, actividades deportivas y religiosas, atención sicológica y siquiátrica, llamadas telefónicas y visitas diarias de sus familiares cuentan los 10 máximos violadores de derechos humanos de Chile en el penal exclusivo Punta Peuco, donde se distribuyen en cinco cabañas bien equipadas.
La controversia por las condiciones de privilegio y posible cierre del penal , donde cumplen condena represores de la dictadura pinochetista, tomó nuevo impulso, al involucrarse en la polémica los propios internos.
El hecho sucedió a partir de la suspensión de visitas y un polémico
asado en honor a uno de los condenados por crímenes de lesa humanidad.
Al malestar generalizado de la sociedad chilena por las consideradas
lujosas condiciones de alojamiento en la cárcel ubicada en un cuartel
del barrio santiaguino de Peñalolén, que el presidente Sebastián Piñera
evalúa cerrar, se sumó hoy un conflicto entre los diez represores que
cumplen allí condena por la decisión de la Gendarmería (servicio
penitenciario) de suspender las visitas.
La medida de seguridad echó por tierra el asado que pretendían realizar
hoy militares retirados en homenaje al ex miembro de la policía secreta
pinochetista, DINA, Miguel Krassnoff, quien cumple allí una condena de
144 años por secuestro, tortura y desaparición de opositores.
La decisión de Gendarmería completa la suspensión de las visitas que se
le había impuesto como castigo por una semana por sus declaraciones
contra los gendarmes (guardiacárceles) al general Manuel Contreras,
exjefe de la DINA, condenado a más de 300 años por violaciones a los
derechos humanos.
En una entrevista televisiva con motivo del 40mo aniversario del golpe
de estado, Contreras afirmó que los gendarmes encargados de su custodia
estaban ahí "para llevarle el bastón", expresión considerada
"denigrante" por las autoridades carcelarias.
Las declaraciones de Contreras fueron repudiadas de inmediato por los
otros nueve reclusos, todos altos oficiales, por temor a ser trasladados
a otros penales y perder los privilegios.
Durante una inspección al lugar que realizó el lunes la fiscal de la
Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, los represores
le manifestaron que "los dichos de Manuel Contreras en esa entrevista
no representan su opinión y no quieren verse perjudicados por ello",
según señala el informe elaborado tras la visita, conocido hoy.
En ese informe, la fiscal describió que los diez reos están distribuidos
en cinco cabañas, que cuentan, cada una, con baño completo, ducha, agua
caliente, comedor, luz natural, buena ventilación y otras comodidades
como radio y televisión.
Según constató Loreto Gutiérrez, las condiciones de seguridad, orden e
higiene son buenas y "la alimentación se elabora en el mismo penal, que
cuenta con una nutricionista que va una vez a la semana".
Al penal Cordillera concurre dos veces por semana un médico, un
kinesiólogo va los viernes y tres paramédicos cumplen turnos las 24
horas, indicó el informe.
Para atender a los diez represores presos, la prisión tiene una dotación
permanente de 29 gendarmes, un asistente social y dos maestras de
cocina, además de los tres paramédicos.
Sin embargo, la fiscal no mencionó en su informe que en el lugar hay una
cancha de tenis, un quincho, Internet y televisión por cable o
satelital, según denunciaron quienes buscan el cierre del penal.
Los diputados Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez, miembros de la comisión
de Derechos Humanos de la Cámara baja, también recorrieron la cárcel e
insitieron con sus críticas hacia su funcionamiento.
"Si usted o yo cometemos un delito nos vamos a la ex Penitenciaría,
donde hay hacinamiento. Acá está bonito, hay áreas verdes, caminan
libremente, tienen piscina y cancha de tenis. Este tipo de privilegios,
lo que hace es indignar a la gente", afirmó Jiménez.
Por ello, el parlamentario valoró que Piñera evalúe cerrar este penal,
en tanto Accorsi sostuvo que los diez represores deberían ser
trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
Los diputados presentarán un informe a la comisión de Derechos Humanos
sobre estas condiciones de privilegio y argumentarán además "el gasto
altísimo" para custodiar y cuidar a diez personas.
El penal Cordillera quedó en el centro de la escena esta semana a partir
de que Piñera esbozara la chance de cerrarlo, a partir de la
controversia generada por denuncias de los gendarmes sobre las
condiciones exclusivas que tienen los presos, muy diferentes al
hacinamiento de las prisiones comunes del sistema penitenciario chileno.
Todos los derechos reservados Copyright 2007
Terminos y usos del sitio
Directorio Web de Argentina
Secciones
Portada del diario | Ediciones Anteriores | Deportes | Economia | Opinion|Policiales
Contactos
Publicidad en el diario | Redacción | Cartas al director| Staff