La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró constitucional la conformación del Jury de Enjuiciamiento que deberá decidir sobre el desempeño de jueces en el caso Verónlos vocales Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano.
La Corte Suprema de Justicia local le dio luz verde hoy a la conformación del Jury de Enjuiciamiento que deberá decidir sobre el presunto mal desempeño de los vocales Alberto Piedrabuena yEduardo Romero Lascano, dos de los tres vocales de la sala II de la Cámara Penal, durante el caso María de los Ángeles Verón.
"Esta es la decisión de la Corte provincial, pero todavía queda la posibilidad del recurso extraordinario a la Corte de la Nación", explicó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) del cuerpo, Antonio Estofan, al anunciar el fallo.
“Una vez que las partes sean notificadas, caerá la medida cautelar impulsada
por Romero Lascano y Piedrabuena (adhirió al planteo del primero) pero queda
abierta la siguiente instancia a nivel nacional”, explicó Estofán.
Los jueces cuestionaron la conformación del Jury de Enjuiciamiento por considerar inconstitucional la acordada de la CSJT, que designó a los vocales Daniel Posse y René Goane para el jury, porque ambos formaban parte del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
En igual sentido se pronunciaron contra el decreto del Poder
Ejecutivo (PE), que nombró como su representante en el Jurado al fiscal de
Estado, Jorge Posse Ponessa.
El proceso de destitución contra Piedrabuena y Romero Lascano fue
suspendido debido a una resolución judicial dictada en abril pasado que hizo
lugar al pedido de los magistrados.
La medida fue acatada por los integrantes del Jury de Enjuiciamiento y a partir
de ese momento se detuvo el proceso que comenzó por una presentación de Susana
Trimarco luego del polémico fallo que absolvió a los imputados en el juicio por
el secuestro y desaparición de su hija.
En diciembre pasado, tras una década de instrucción, la causa
"Marita" llegó a juicio oral y tras varios meses de testiomonios, los
jueces Piedrabuena, Romero Lascano y Herrera Molina absolvieron por
unanimidad a los 13 acusados, por faltas de pruebas.
Si bien la denuncia afectaba a los tres integrantes del tribunal, Herrera
Molina quedó al margen del proceso ya que finalmente se aceptó su pedido de
renuncia para iniciar los trámites de la jubilación debido a una enfermedad.
Trimarco denunció a los magistrados en la comisión de Juicio Político de la
Legislatura, que dio vía libre a la acusación con el voto de la mayoría de sus
integrantes.
Tras esto, el expediente debía pasar al Jurado de Enjuiciamiento integrado por
representantes de los tres poderes del Estado y de los abogados matriculados.
Sin embargo, Romero Lascano acudió a la Justicia para objetar los actos de integración de ese cuerpo incorporado a la Constitución durante la reforma de 2006 y logró frenar el proceso.
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