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Confirman el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez

La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a la solicitud de la fiscalía y amplió el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez por asociación ilícita, en el marco de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado desde su función.

La Cámara confirmó también su procesamiento por no investigar, encubrir crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad. Según informó el portal Fiscales, de la Procuración General de la Nación, para el tribunal, Martínez actuó "garantizando que los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer segura impunidad a sus autores". Con la confirmación y ampliación de este procesamiento, "el camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente. Martínez deberá responder en esa instancia por delitos con penas de hasta 20 años de prisión", informó la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público en Tucumán.

La resolución de la Cámara Federal tucumana fue adoptada en la denominada causa "Romero Niklison", que trata sobre la ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1976 de los militantes de la organización Montoneros María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de Tucumán.

En el inicio de la causa, el fiscal Carlos Brito acusó a Martínez por su inacción para investigar a los ejecutores de estos esos delitos y señaló que el ex juez, así, cumplía con una promesa que había hecho al ser designado en sus funciones: no entorpecer la represión ilegal en la provincia y garantizar la impunidad de los perpetradores.

Según reconoció el imputado, estuvo presente en el lugar el mismo día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la existencia de un  "enfrentamiento" pese a las evidencias en contrario.

Durante el actual proceso judicial, la fiscalía puntualizó casi 20 medidas que podría haber adoptado y omitió. Al ex juez también se lo imputa por haber dispuesto la persecución penal del propietario de la vivienda en la que sucedieron las ejecuciones, Miguel Romano, a quien indagó sin abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la Jefatura de Policía y lo entregó al ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía tucumana, Roberto Heriberto Albornoz , alias "Tuerto".

La fiscalía ponderó que Martínez mantuvo detenido a Romano durante más de un año y que luego lo sobreseyó con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo.