La Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a la solicitud de la fiscalía y amplió el procesamiento del ex juez Manlio Torcuato Martínez por asociación ilícita, en el marco de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado desde su función.
La Cámara confirmó también su procesamiento por no investigar, encubrir
crímenes, abuso de autoridad y privación ilegal de libertad.
Según informó el portal Fiscales, de la Procuración
General de la Nación, para el tribunal, Martínez actuó "garantizando que
los hechos ilícitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas
que llegaron a su conocimiento en su carácter de juez penal, no fuesen
investigados ni por él ni por ningún otro magistrado, de modo de proveer
segura impunidad a sus autores".
Con la confirmación y ampliación de este procesamiento, "el
camino hacia el juicio oral y público se acorta considerablemente.
Martínez deberá responder en esa instancia por delitos con penas de
hasta 20 años de prisión", informó la Oficina de Derechos Humanos del
Ministerio Público en Tucumán.
La resolución de la Cámara
Federal tucumana fue adoptada en la denominada causa "Romero Niklison",
que trata sobre la ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1976 de los
militantes de la organización Montoneros María Alejandra Niklison,
Fernando Saavedra, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo
González Paz en una vivienda de calle Azcuénaga 1816 de San Miguel de
Tucumán.
En el inicio de la causa, el fiscal Carlos Brito acusó a
Martínez por su inacción para investigar a los ejecutores de estos esos
delitos y señaló que el ex juez, así, cumplía con una promesa que había
hecho al ser designado en sus funciones: no entorpecer la represión
ilegal en la provincia y garantizar la impunidad de los perpetradores.
Según reconoció el imputado, estuvo presente en el lugar el mismo día de la masacre y no ordenó ninguna medida de investigación, dando por cierta la existencia de un "enfrentamiento" pese a las evidencias en contrario.
Durante
el actual proceso judicial, la fiscalía puntualizó casi 20 medidas que
podría haber adoptado y omitió. Al ex juez también se lo imputa por
haber dispuesto la persecución penal del propietario de la vivienda
en la que sucedieron las ejecuciones, Miguel Romano, a quien indagó sin
abogado defensor, recluyó en el centro clandestino que funcionó en la
Jefatura de Policía y lo entregó al ex jefe del Servicio de
Informaciones Confidenciales de la policía tucumana, Roberto Heriberto
Albornoz , alias "Tuerto".
La fiscalía ponderó que Martínez
mantuvo detenido a Romano durante más de un año y que luego lo sobreseyó
con las mismas pruebas por las que había decidido detenerlo.
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