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Movilizan al ejercito paraguaya contra guerrilla
Camara fotoAMPLIARMovilizan al ejercito paraguaya contra guerrilla
22/08/2013 - Opositores califican de error

Cartes dispone del Ejército para luchar contra el terrorismo y otras "amenazas"

En sólo una semana en el poder, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, consiguió que el Legislativo aprobara hoy una enmienda legal que le facultará para usar al Ejército en el combate del terrorismo y cualquier "amenaza" a las autoridades.

El Senado ratificó ayer las enmiendas aprobadas el miércoles por la Cámara de Diputados a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, de 1999, que permiten la actuación de las Fuerzas Militares en casos de "agresión interna" como el terrorismo.

El Parlamento de Paraguay sancionó en tiempo relámpago el proyecto remitido por  el Poder Ejecutivo el pasado lunes a la sede legislativa para su tratamiento. El pedido de modificación se establece luego de que supuestos miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) perpetraran un ataque a la estancia Cororó en San Pedro y asesinara a cuatro peones y un policía, que en ese momento trabajaba en forma privada.

La modificación de la ley 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna, en sus artículos 2º, 3º y 56º, fue solicitada por el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. En ese sentido, el propio presidente, Horacio Cartes, convocó el pasado lunes a los senadores colorados para solicitarle que acompañen la iniciativa.

Debate

Durante el estudio en la Cámara Alta, el senador del Frente Guasu, Carlos Filizzola, ratificó la postura de rechazar las modificaciones alegando que se pretende que las fuerzas militares actúen en forma permanente y también rompe el equilibrio entre los Poderes del Estado, otorgando amplias facultades al Ejecutivo. 

Los legisladores de los partidos Encuentro Nacional y Democrático Progresista (PDP) también manifestaron su disconformidad.  Por su parte, el senador Adolfo Ferreiro de Avanza País, consideró que la aprobación es un "gravísimo error político" porque se estaría enviando a las fuerzas castrenses a cumplir acciones para la cual no están preparadas y tampoco es su función.

Mientras, la bancada liberal manifestó su apoyo a la normativa. El senador liberal Carlos Amarilla alegó que  se requiere de la presencia activa y sostenida de las fuerzas militares en territorios afectados por el "grupo terrorista EPP", porque las experiencias pasadas de estado de excepción fueron "insuficientes y no provocaron cambios sustanciales".

La senadora colorada Mirta Gusinky pidió una reflexión a sus colegas que estaban en contra de la aprobación. Recordó el fallecimiento de su hija, Cecilia Cubas y sostuvo que es indispensable garantizar la seguridad ciudadana.  "Nunca voy a recuperar a mi hija pero no traben la posibilidad de eliminar al EPP, para evitar más víctimas", expresó.

Luego de un largo debate, con 29 votos a favor y 11 en contra, los senadores aprobaron las modificaciones a la ley que pasará al Ejecutivo para su promulgación.

En la Cámara de Diputados, la bancada colorada  hizo sentir su mayoría propia, durante la sesión ordinaria de este miércoles y otorgó la media sanción con 38 votos a favor y 33 en contra.  

Entre las modificaciones solicitadas, la más debatida hace referencia a la palabra "amenazas" que figura en un párrafo del artículo 56º. En un principio fue excluída del documento, pero finalmente fue incluida y aprobada. Las comisiones de la Cámara Baja consideraron que la utilización de ese término es muy subjetiva y puede causar inconvenientes e interpretaciones a fututo como de dar amplios poderes al gobernante.    

Facultades al Ejecutivo

El documento sancionado dará prerrogativas al titular del Ejecutivo para ordenar acciones militares, sin necesidad de declararse un estado de excepción.

Según las modificaciones, el jefe de Estado podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las FFAA, exclusivamente, dentro del ámbito territorial definido por decreto y por el tiempo que crea conveniente.

Asimismo, plantea que dentro de 48 horas, el mandatario debe dar cuentas al Congreso de su decisión de emplear a las fuerzas militares pudiendo el Poder Legislativo decidir la cesación de esa intervención.


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