El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, enfrentó hoy al mayor paro programado durante su gobierno, en el que coinciden diversos sectores agrícolas, algunos mineros y buena parte de los camioneros del país.
Al menos, 12.000 personas participaron en el primer día de manifestaciones, según estimativos de la policía, que ayer debió emplearse a fondo para evitar seis bloqueos de vías y dispersar 17 concentraciones en 20 municipios del país.
Las mayores complicaciones hasta ahora se presentaron en los departamentos de Putumayo, Nariño (ambos en el sur), Arauca (este) y Boyacá (centro).
Para contrarrestar las manifestaciones, la policía dispuso de unos 20.000 uniformados que en operativos realizados en el transcurso del día arrestaron a 22 personas, a quienes acusan de incentivar la violencia en las protestas.
El mayor temor de las autoridades y en general del gobierno es que se presentan cortes de vías que puedan afectar la movilidad de miles de personas que salieron de sus lugares de residencia en plan de turismo, aprovechando que este lunes es feriado en Colombia.
Desde la semana anterior el presidente Santos dijo que no se oponía al paro, pero les advirtió a los manifestantes que se abstuvieran de alterar el orden público porque los detendría en caso de hacerlo.
"A los manifestantes les decimos, salgan a manifestar, pero ¡ojo! No vayan a generar violencia, porque también ahí, tenemos que ser implacables, judicializar a quienes violen las normas, capturarlos y judicializarlos. El Estado tiene que hacerse sentir, hacer respetar su sentido de autoridad", precisó el mandatario.
Las protestas se viene incubando desde mesas atrás a raíz de una serie de inconformidades que empezaron entre algunos productores agrícolas, se extendieron a los camioneros y prometen sumar en los próximos días a empleados públicos, estudiantes y centrales obreras.
Los cultivadores de papa, cacao, café y los productores de leche y sus derivados exigen al gobierno frenar las importaciones de productos agrícolas que empiezan a llegar al país masivamente por cuenta de los Tratados de Libre Comercio.
Piden, además, que los campesinos tengan acceso a la propiedad de la tierra, condonación de las deudas adquiridas con el estatal Banco Agrario y las consabidas reivindicaciones sociales incumplidas por este y gobiernos anteriores en materia de salud y educación.
En tanto, los camioneros que adhieren al paro reclaman rebajas en los costos de los combustibles y una regulación al ingreso de nuevos vehículos a la flotilla que actualmente se moviliza por el país.
Otro de los sectores que se sumó al paro fueron los pequeños mineros asociados, que le piden al gobierno cesar con los operativos que buscan sacar de operación la maquinaria que no esté legalizada ante las autoridades.
El gobierno emprendió una lucha contra la llamada "minería ilegal" porque se detectó que es una nueva modalidad utilizada por grupos armados ilegales para obtener recursos. El problema es que en esas redadas caen por igual mineros artesanales.
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