El gobernador José Alperovich aceptó la renuncia del juez Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal que absolvió a los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón, y de esa forma el magistrado quedó habilitado gestionar su jubilación.
El mandatario provincial firmó el decreto en las
últimas horas de este martes, después de que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán
confirmase la nulidad de la medida dispuesta anteriormente por del Poder
Ejecutivo rechanzando la dimisión.
El nuevo acto administrativo, que también fue firmado por el ministro de
Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez, se realizó debido a la delicada salud
de Herrera Molina, quien se encuentra en tratamiento médico afectado de
cáncer.
Herrera Molina no dio a conocer su estado de salud en diciembre pasado, cuando
renunció para acogerse al beneficio de la jubilación días después de
pronunciarse el pólemico fallo que abosolvió a los 13 imputados en el juicio
por el secuestro y desaparición de Marita Verón.
La situación de la enfermedad fue expuesta en marzo, cuando Herrera Molina
presentó la acción de amparo en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso
Administrativo. A finales de ese mes, el tribunal anuló el decreto impugnado
por el Ejecutivo y exigió un pronunciamiento explícito sobre la salud del
amparista.
El Ejecutivo instó la revisión del fallo en la Corte Suprema de Justicia de
Tucumán, que el lunes pasado ratificó la solución de la Sala II de la Cámara
Contenciosa. Enterado de la decisión del gobierno, el magistrado de 70 años
destacó que "ahora voy a poder jubilarme, hacer vida tranquila y
concentrarme en la curación de mi enfermedad".
Tras el polémico fallo, el caso por la desaparición de Marita Verón atravesó
por diferentes etapas ya que la Justicia detuvo cautelarmente el proceso de
remoción de los jueces impulsado por Susana Trimarco en la Legislatura
provincial.
El caso llegó a la Corte Suprema provincia, que debe revisar la sentencia
absolutoria y se conoció un informe del ministerio fiscal que considera que en
el juicio oral "se presentaron las pruebas necesarias para ordenar la
detención de los acusados" absueltos por la Sala II de la Cámara Penal.
En abril, otro camarista de la Sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena,
siguió los pasos de su compañero Herrera Molina y dimitió para jubilarse,
trámite que también fue rechazado por el Ejecutivo.
Esa resolución dio lugar a otro juicio y a otro fallo adverso al Gobierno, esta
vez en la Sala I de la Cámara Contenciosa.
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