El procurador general de Entre Ríos, Jorge García, anticipó que apelará el fallo que sobreseyó al ex prefecto del Seminario Menor de Paraná, Justo José Ilarraz, quien estaba acusado de abusar sexualmente de al menos 50 seminaristas de entre 10 y 14 años entre l984 y l992.
Al llegar a los tribunales locales, el funcionario remarcó que apelará la decisión de la Sala I de la Cámara del Crimen, que concluyó que la causa contra el sacerdote está prescripta por el paso del tiempo.
"Vamos a agotar hasta las últimas instancias para que esto se investigue
penalmente y este señor, no solamente no vuelva a la capilla, sino que
vaya con sus huesos a la cárcel", sostuvo García.
Explicó que si el fallo queda firme "no habría restricciones para que
Ilarraz vuelva a Monteros y se haga cargo de la parroquia” donde ejercía
hasta que estalló el escándalo.
El procurador recalcó que “uno de los argumentos interesantes para
continuar con la investigación es que el Papa (Francisco) ha condenado
esta clase de hechos como aberrantes y ha puesto énfasis en que no se va
a ocultar ni a proteger a ninguno de estos actores".
"La iglesia lo va a separar (a Ilarraz), porque estos hechos ocurrieron y
las víctimas siguen siendo víctimas”, completó el procurador.
En tanto, el abogado del ex arzobispo de Paraná, monseñor Esteban
Karlic, a quien se acusa de ocultar el hecho y de no informar a la
justicia de lo sucedido en el seminario local, sostuvo que “la
prescripción de la acción penal es justa y adecuada al derecho”.
“Este es un delito cometido hace 20 años. Por lo tanto es normal que
haya ocurrido la prescripción”, agregó el abogado Marciano Martínez.
También negó que Karlic y los arzobispos que lo sucedieron incurrieran en el delito de encubrimiento.
“Es un delito de acción privada. Los padres tendrían que haber hecho la denuncia”, remarcó.
En tanto, la presidenta de la Asociación Civil Vidaer, Carla Cusimano,
expresó su “sorpresa porque esto no le hace bien a la sociedad, tampoco a
las víctimas ni mucho menos a la Iglesia”.
“El sacerdote Ilarraz debería ser sometido a proceso penal para que se
establezca si realmente es inocente de las causas por las que fue
denunciado. La justicia dejó libre a una persona que seguirá sospechada
de por vida”, completó.
El caso, que tomó estado público en septiembre del año pasado, nunca fue
comunicado por el entonces arzobispo Karlic a la justicia ordinaria y
se mantuvo en el más estricto secreto hasta que algunas supuestas
víctimas del cura decidieron presentarse en los estrados judiciales.
Ilarraz fue un estrecho colaborador de Karlic, actualmente integrante
del Colegio Cardenalicio del Vaticano, quien en 1995 dispuso una
investigación diocesana para esclarecer el hecho.
En esa ocasión se escuchó el testimonio de algunas víctimas de los
abusos sexuales del cura, pero el caso nunca fue denunciado ante la
justicia ordinaria por las autoridades eclesiásticas.
A Ilarraz se le aplicó una sanción simbólica, que le prohibía volver a la diócesis local y tomar contacto con los seminaristas.
El cura fue enviado a Roma por el propio Karlic y, al regresar, se
distanció un tiempo del sacerdocio, se radicó en Buenos Aires y más
tarde se trasladó a Tucumán, donde la iglesia no tuvo en cuenta sus
antecedente y lo designó párroco de la localidad de Monteros, donde
ejerció el sacerdocio hasta septiembre pasado, cuando estalló el
escándalo de los abusos.
En la causa estuvieron citados a declarar por el juez Grippo los tres
últimos arzobispos de Paraná, Juan Alberto Puiggari; Mario Luis Bautista
Maulión, y Estanislao Karlic (cardenal), y el obispo de Concepción,
Tucumán, José María Rossi.
Hasta el momento han declarado ante el juez Grippo por lo menos 8 ex
seminaristas, que coincidieron en la forma en que el cura abusaba de los
niños de entre 10 y 14 años alojados en ese instituto religioso.
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