El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos), José Sbatella, confió hoy en que el juez Sergio Torres tome los datos aportados por un ex alto directivo del banco JP Morgan, en la causa sobre lavado de activos y fuga de divisas, que involucra a más de 400 empresarios y compañías locales.
Sbatella se refirió, en declaraciones a radio Nacional, a las pruebas ofrecidas por el ex directivo de esa institución, Hernán Arbizu, en su declaración ante la justicia.
Este paso se demoró "absurdamente" porque los jueces nacionales respetaron la "confidencialidad" (prohibición de hablar) aplicada al auto imputado Arbizu en Estados Unidos, por trabajar en un banco de ese país, dijo el titular de la unidad antilavado.
Este último paso, que el autoimputado Arbizu pudiera presentar sus pruebas, cosa que absurdamente, por el tema de que él trabajaba en un banco en Estados Unidos teóricamente le aplicaban la confidencialidad o la prohibición de hablar para el trabajador de un banco. Eso lo había tomado la justicia de acá, tampoco podía presentar las pruebas.
"No sólo no se lo indagaba (a Arbizu), habiendo dicho que era jefe de una asociación ilícita, sino que no se le dejaba presentar pruebas", agregó el funcionario.
Destacó luego que la agenda y los datos informáticos presentados "corroboran que tenía reuniones con personas en la Argentina y en América Latina, que tenían en promedio más de 100 millones de dólares y sacaban parte fuera del país en forma ilegal".
Según Sbatella, esas operaciones con rumbo a paraísos fiscales eran de por lo menos 25 millones de dólares en cada caso, fondos "que no pagaron impuestos o provenían de negocios que no se sabe si lícitos o ilícitos".
El titular de la UIF explicó que el delito imputable a los directivos del JP Morgan, como armadores del circuito, es el de encubridor en primer término, y en segunda instancia están "los delitos potenciales, donde el más simple sería el de evasión".
Junto con las maniobras a través de ese y otros bancos, Sbatella mencionó otras de menor envergadura, con triangulaciones ya denunciadas por la AFIP para manejar dinero no declarado de las cosechas, que igualmente "no dejan de ser millones de pesos".
"Es un sistema mundial que procesa el excedente de los países como los nuestros, lo canaliza hacia los países centrales y luego vuelve como préstamos a las propias empresas que los sacaron y queda como deuda externa", señaló Sbatella.
"Por suerte, ese sistema global de explotación ya no funciona en nuestro caso", sostuvo el funcionario.
Manifestó por último su expectativa en poder avanzar en la investigación, que será expuesta próximamente en una reunión de la Unasur, en la que se evaluarán medidas para coordinar las áreas de seguridad e investigación de delitos transnacionales.
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