El Juez Federal Nº 2, Fernando Poviña comunicó a los familiares la identificación realizada por el Equipo Argentino de Antropología Forense correspondientes a Justina Andrea Carrizo, Raimundo Roberto Vega, Segundo Bonifacio Arias, Luis Alejando Lascano y Roque Danum y Eduardo Nicanor Jiménez. Los restos fueron obtenidos en una paciente excavación que se realiza en el lugar desde hace casi una década.
De esta manera son ahora 9 las personas identificadas y que fueron arrojadas en esa fosa común durante el “Operativo Independencia”, desarrollado en Tucumán.
Corrían los primeros días del siglo 21, cuando un grupo de militantes políticos y familiares de desaparecidos recorrían las polvorientas calles rodeada de casas precarias en búsqueda del lugar en el se sabía por comentarios de vecinos se había utilizado un lugar para enterramientos clandestinos, durante el Proceso.
“Al fondo de la Avenida Francisco de Aguirre, pasando por la Estación Muñecas del Ferrocarril a Tafí Viejo, un poco más allá”, señalaban los primeros testimonios de quienes pudieron vencer, gracias a la insistencia de los familiares, el terror que todavía imperaba en el lugar.
Hace una década atrás todavía imperaban las leyes del olvido y la impunidad le habían permitido a Bussi llegar a la gobernación vía los votos. Estuvo en el gobierno sólo cuatro años y salió incendiado por las protestas de los empleados públicos y las nacientes organizaciones sociales. A duras penas pudo sortear un juicio político que le realizó la Legislatura luego que admitiera con lágrimas en los ojos que poseía cuentas secretas en los bancos suizos.
Se producía el retroceso electoral del bussismo en el momento que los familiares y militantes políticos comenzaron a acercarse al lugar preciso de lo que luego se conociera como el Pozo de Vargas. Un antiguo y profundo aljibe construído a para abastecer de agua al tren a vapor que recorría las vías entre la capital y Tafí Viejo. Allí estaba el pozo que vaya saber las razones por las que fue a parar como parte de una finca de un tal Vargas.
Es que ya se podía establecer el lugar, justo al fin de la calle de tierra. Con estos datos los familiares lograron que comenzara una investigación en la Justicia Federal. Así es como lograron que el Juzgado estableciera convenios con la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT, con las carreras de Antropología, Arqueología y Geología. Se debía conseguir el concurso de especialistas para adentrarse en un lugar que desafiaba todos los conocimientos hasta esos momentos. Se pudo ver durante los primeros meses, a estudiantes avanzados conducidos por profesores para realizar los primeros relevamientos.
A estas alturas ya se sabía que en el lugar se arrojaron cuerpos, aunque no se puede determinar cuantos ni tampoco se puede precisar si las víctimas llegaron vivas y fueron ejecutadas en el lugar o si sólo tiraron sus cadáveres. También se pudo comprobar que se hicieron grandes esfuerzos para ocultar la fosa, lo que obligó a remover cientos de kilos de escombro.
Mientras el tiempo pasaba, la obra de secado del lugar tenía sus idas y vueltas, pero de aquel esfuerzo nacieron respuestas científicas que podrán ser utilizadas en las distintas cátedras universitarias. Hasta que aparecieron los primeros indicios de restos humanos, retazos de tela, zapatos y un cúmulo de datos que permitieron establecer la certeza de que se trataba de una fosa común.
Aquellos pequeños indicios o restos óseos, les permitieron Equipo Argentino de Antropología Forense, establecer con precisión las identidades de las personas que fueron recuperadas ayer. También se pudo establecer que diversos testimonios señalan que varias de las víctimas fueron vistas por última vez en Arsenales lo que comprueba la conexión de El Pozo de Vargas como depósito final de los detenidos desaparecidos que poblaron el mayor Centro Clandestino de Detención ubicado en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
La noticia fue hecha pública por el Secretarío de Derechos Humanos de Tucumán, Humberto Rava, quien informó que se había identificado los restos de Justina Andrea Carrizo, desaparecida el 25 de febrero de 1976; Raimundo Roberto Vega, Segundo Bonifacio Arias, Luis Alejando Lascano y Roque Danum, desaparecidos respectivamente el 12 de enero, el 14 de febrero, el 13 de marzo y el 13 de noviembre de ese mismo año; y Eduardo Nicanor Jiménez, desaparecido el 5 de enero de 1977.
La investigación judicial forma parte de la causa “Operativo Independencia II”, que podría instrumentarse durante este año, luego que finalicen las audiencias de la Megacausa “Jefatura II – Arsenales II”, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal desde hace tres meses.
Las investigaciones del Pozo de Vargas se inscriben en el depliegue militar realizado durante el Operativo Independencia bajo la conducción de Antonio Domingo Bussi.
Isauro Martínez
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