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Rousseff negocia plebiscito con políticos

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, se reunió ayer con ministros y dirigentes partidarios para ultimar el proyecto de plebiscito que enviará al Congreso, luego de la ola de protestas que conmocionan al país y hace una semana reunieron a cerca de 1,5 millones de manifestantes.

Poco habituada a los cabildeos con dirigentes políticos ella procura un entendimiento urgente ante la impaciencia popular.

La jefa del gobierno lleva una semana encerrada en el Palacio del Planalto, en Brasilia, y su agenda de reuniones de este jueves comenzó por la mañana con el encuentro con el titular de la cartera de Justicia, José Eduardo Cardozo.
    El ministro Cardozo es uno de los pocos hombres de confianza de Rousseff, quien esta semana se vio en apuros para enmendar un error serio del gobierno, que el lunes anunció una consulta popular para reformar la Constitución, y el martes debió archivar el proyecto ante cuestionamientos de jurisconsultos de renombre.
    Tras el fracaso de aquella iniciativa ahora Rousseff pretende enviar en breve al Congreso un proyecto para la realización de un plebiscito en el que se consultará a la opinión pública sobre los alcances de la reforma política, con lo cual el gobierno intenta descomprimir el descontento popular. Esa iniciativa elaborada sobre la hora, descarta definitivamente reformar la Carta Magna, y sólo se limita a una consulta para la sanción de una ley ordinaria que introduzca cambios en el modelo político, por ejemplo suprimiendo el costeo privado de campañas.
    Como Dilma lo dijo esta semana, cuando se reunió con jóvenes que encabezaron la revuelta en Sao Paulo, el gobierno está dispuesto a escuchar el clamor de las calles, porque en él hay un soplo de aire fresco para una democracia necesitada de cambios que mejore su representación.
    Claro que esas afirmaciones no bastan para satisfacer a millones de descontentos con decenas de banderas distintas. Y hoy, mientras la presidenta y sus asesores más próximos se reunían en el Planalto, decenas de manifestantes gritaban sus demandas frente a ese palacio, al tiempo que otro grupo más numeroso, se concentraba a unos 500 metros, ante el Congreso, cercado por un cordón de policías. Por cierto ninguna de las concentraciones ocurridas hoy en Brasilia y Sao Paulo, ni las que se registraron esta semana, ayer hubo 50.000 inconformes en Belo Horizonte, alcanzó la magnitud del jueves pasado.
    Hace una semana aproximadamente 1,5 millones de personas se volcaron a las calles de un centenar de ciudades en la mayor oleada de manifestaciones registradas desde 1992, que precedieron a la renuncia del entonces mandatario Fernando Collor de Mello.
    El balance provisorio, es que desde la entrada de Rousseff en escena este lunes –que para analistas fue tardía- la situación si no se reencauzó, por lo menos mostró señales de aplacamiento: algo indispensable para un gobierno que hace siete días lucía abrumado y sin argumentos ante una espiral que parecía no tener freno.
    Luego de la conversación con Cardozo, quien está ajustando aspectos jurídicos para que el plebiscito se realice en agosto, alrededor de las 11.30 (14.30 GMT) Dilma inició un encuentro con dirigentes de una decena de partidos políticos aliados al gobierno, para discutir los pasos a ser dados en el Parlamento.
    Allí estaban el Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, junto a fuerzas de derecha como el Partido Progresista (PP)y el Partido de la Democracia Social, de centro como el Partido Movimiento Democrático Brasileño, y de izquierdas representados en el Partido Comunista.
    Camino a la reunión fuentes de algunas de esas fuerzas avisaron a la prensa que sus opiniones no son unánimes frente al proyecto de plebiscito, donde la población escoge que temas reformar del sistema político, iniciativa que urge a Rousseff.
    El PP, por ejemplo, considera que la figura del plebiscito es un convite a la confusión del público.
    Por eso el partido conservador PP, aliado del gobierno, prefiere como opción un referendum donde los cambios del modelo político son elaborados por el Congreso, y luego la ciudadanía vota por "sí" o por "no".
    En las diferencias manifestadas o comentadas de forma discreta por los partidos aliados hay razones doctrinarias y también alguna forma de presión ante un Poder Ejecutivo que es visto como bastante vertical y reticente al diálogo.
    Y es que Rousseff llegó al gobierno con un estilo sobrio, de presidenta metida en los problemas de la máquina estatal, y desentendida de los enjuagues con interlocutores. Esa forma de ser y su combate a la corrupción, le valieron la aprobación del público, pero a costa de una magra interlocución con el mundo partidario y legislativo, a quienes precisa en esta hora crucial para su gobierno y, tal vez, para sus chances de reelección en 2014.
    Pero no todo está contra la Jefa de Estado.
    La misma furia popular que tiene jaqueado al Ejecutivo asola también al Poder Legislativo, hacia donde se ha orientado una buena parte del disgusto de la ciudadanía, y esto hizo que el Senado haya aprobado ayer en tiempo record una ley contra la corrupción, y que Diputados haya hecho lo mismo hoy sobre otra norma que destinará el 75 % de los royalties del petróleo a la eduacación. Posiblemente los congresistas no tengan mucho margen de maniobra para dar largas al proyecto de plebiscito de Rousseff, porque de hacerlo, tal vez despierten más ira en el público que la semana pasada ocupó las cúpulas semiesféfricas e intentó invadir el palacio legislativo en Brasilia.