El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff manifestó su repudio frente a la tercera manifestación violenta en menos de una semana en Sao Paulo, donde miles de jóvenes marcharon contra el aumento del transporte en la noche del martes pasado.
Los coordinadores de la movilización se dijeron sorprendidos por la convocatoria y reconocieron haber perdido el control de los inconformes.
"La libertad que la Constitución garantiza, es la libertad de
expresión, no la libertad de agresión", declaró hoy el
vicepresidente Michel Temer, en la primera declaración del Poder
Ejecutivo tras la ola de protestas iniciada la semana pasada
contra el incremento del precio del transporte en ómnibus y en
metro.
La presidenta Rousseff destinó fondos federales para
subsidiar el precio de los pasajes de ómnibus y metros que iban
a aumentar a 3,4 reales (1,7 dólares) y finalmente sufrieron un
incremento a 3,2 reales ( 1,5 dólares).
El gobierno comenzó a tomar medidas para controlar la suba de
los precios, ya que el encarecimiento de la canasta familiar fue
uno de los factores causantes de la caída de la popularidad de
Rousseff, que perdió 8 puntos de aprobación en junio frente a
marzo, según la encuestadora Datafolha.
Trece de los detenidos en la noche del martes continuaban en
esa condición en la mañana de hoy, ya que las autoridades no
hicieron lugar a la fianza por estar acusados de "formación de
asociación ilícita y causar daños al patrimonio público",
reportaron las autoridades.
Unas 5 mil personas participaron en las manifestaciones, según la policía, y una parte de los activistas logró burlar el bloqueo de las fuerzas de seguridad e invadieron la Avenida Paulista, que es la principal arteria de la mayor ciudad de América del Sur.
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