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AMPLIAREl gobernador José Alperovich

"Lo que más quiero es que se resuelvan los casos Lebbos y Verón"

Expresó el gobernador José Alperovich. Respecto a la Ley de Prostíbulo Cero, dijo “lo que pasa es que se cierra uno y se abre otro”. Por su parte desde la Fundación Marita Verón el abogado Garmendia expresó "lo único que se consigue con una denuncia por TV es la clausura del local. Si de verdad queremos combatir el delito hay que investigar, juntar prueba y en último lugar allanar

El gobernador José Alperovich fue consultado ayer sobre dos de los casos judiciales más resonantes en la provincia y expresó que "lo que más quiero como gobernador es que se resuelvan los casos de Marita Verón y Paulina Lebbos". Agregó que está a disposición de lo que le solicite la Justicia, en todo lo que haga falta. Respecto del cambio de fiscal en la causa Lebbos, manifestó que "es la Justicia quien debe dar las explicaciones, por algo lo cambió, yo no puedo involucrarme dentro otro poder". Cerró el tema manifestando que "lo que necesitamos es que se resuelva todo". 

El mandatario fue requerido por la prensa cuando visitó una fábrica de cuchillas para cosechadoras instalada en Yerba Buena.  

Al ser interrogado por la aplicación de la denominada Ley de prostíbulos cero, el primer mandatario afirmó que "está funcionando, se producen allanamientos, lo que pasa es que se cierra uno y se abre otro".  

"Lo único que se consigue con una denuncia por TV es la clausura del local” 

El delito de trata de personas no se combate con la exposición mediática de los locales  sino con investigación, recolección de prueba y el procesamiento de los dueños de los prostíbulos, sostuvo el abogado de Susana Trimarco, Carlos Garmendia, quien calificó a la nueva ley de "revolucionaria". 

"Lo único que se consigue con una denuncia por TV es la clausura del local. Si de verdad queremos combatir el delito hay que investigar, juntar prueba y en último lugar allanar. Cuando se ingresa en un local es porque hay prueba suficiente para procesar y apresar a los dueños de ese prostíbulo", dijo Garmendia. 

El letrado afirmó que "una clausura no termina con el delito. Es más, puede ser hasta favorable para el delincuente de trata de personas que le allanen el local, porque al otro día desaparece y abre su negocio en otro lugar. El allanamiento es lo último que se hace, no lo primero". 

 "Desde la fundación (María de los Angeles, nombre completo de Marita Verón) sabemos que todos los prostíbulos de Tucumán tienen a lo sumo cuatro o cinco dueños. El que mostró Jorge Lanata (en su programa del domingo) formaba parte de una investigación", señaló el letrado. 

 Para la Fundación, "mostrar ese prostíbulo no es ganarle a la trata y hasta puede ser perjudicial para la investigación. Nosotros tenemos muy en claro por dónde pasa esa pelea y lo estamos haciendo; y no nos importa si es funcionario, policía o Juan Perez el dueño del prostíbulo. Nuestra lucha no terminará hasta que todos vayan presos", sostuvo Garmendia. 

 Hoy el centro de información judicial (CIJ) publicó una noticia que da cuenta de dos nuevos procesados por trata de personas con fines de explotación sexual, en el marco de una causa iniciada el año pasado en Tucumán, que llevó adelante el juez Fernando Poviña, titular del Juzgado Federal N° 2. 

 Por el caso, se dictó la prisión preventiva de los dos imputados y ordenó trabar embargo por 200.000 pesos a cada uno. 

Garmendia señaló que "no es verdad que la ley 26.842 no se esté aplicando por falta de reglamentación. La nueva norma modificó el código penal, lo que hace que se aplique en la práctica", aclaró y definió los cambios como revolucionarios". 

 En ese sentido, destacó que "se haya dascartado de plano el tema del consentimiento y la diferencia entre menores y mayores. Haya o no consetimiento, haya o no menores, si se comprueba la trata hay delito". 
 El artículo 125 bis aumenta de 4 a 6 años la pena por el delito de trata de personas aunque mediare el consentimiento de la víctima y sustituye el 126 de 5 a 10 por el agravante si hay violencia o engaño o si lo comete un funcionario. 
 "El 127 le aplica al proxeneta 6 años en vez de 4 años y con el agravante 10 en vez de 5 años aunque mediare consentimiento. Es decir, por más que la víctima diga que fue con consentimiento, igual es el delito. El cambio implica un avance enorme", sostuvo. 

 Para el abogado "la lucha contra la Trata de Personas se está haciendo y los avances son grandes. Falta avanzar sobre la creación del Consejo Federal (de la lucha contra la Trata) que establece la ley para que se puedan articular las jurisdicciones y también contempla la participación de las ONG`s de cada una de ellas", concluyó el abogado.