27/05/2013 - España

Pedirían 17 años cárcel para yerno del rey

La fiscalía anticorrupción estudia pedir una pena de cárcel de 17 años para Iñaki Urdangarín, esposo de la Infanta Cristina, informaron ayer medios españoles.

Urdangarín puede enfrentarse hasta a 17 años de cárcel por los delitos de malversación, falsedad, fraude a la administración y prevaricación. 

 A estos delitos se podrían añadir otros tres delitos fiscales.
    La fiscalía en cambio descarta por ahora imputar a Urdangarín dos delitos de blanqueo y evasión, que hubieran elevado la acusación por encima de 20 años de prisión.

    En caso de que Urdangarín repare el daño y reconozca los delitos, la petición de pena de 17 años se podría reducir hasta los 4 años de prisión.

 De ser condenado a 4 años, Urdangarín entraría en prisión.

 El yerno del rey de momento se ha negado a reconocer ni un solo delito y los intentos de un acuerdo entre su abogado y la fiscalía anticorrupción se han visto frustrados.

 El delito de malversación se fundamenta en el hecho de que el Instituto Nóos que dirigía, inscrito como una institución sin ánimo de lucro, recibió dinero público que no dedicó a lo que acordó con las administraciones públicas de Baleares y Valencia, ambas gobernadas por el Partido Popular (PP).

 El Instituto Nóos habría recibido de forma irregular de las administraciones de Baleares y Valencia 6 millones de euros por ocho convenios empresariales deportivos. El Código Penal establece penas de entre cuatro y ocho años por el delito de malversación.

 La fiscalía anticorrupción considera que la malversación de Urdangarín es un "subtipo agravado" porque el delito es de "especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público". La malversación fue en "concurso medial" con la falsedad documental porque se valió de un constante flujo de facturas falsas cruzadas que Urdangarín y su ex socio, Diego Torres, también imputado, utilizaban para cobrar a Nóos con sus propias empresas por trabajos ficticios.

 La fiscalía también pedirá la pena máxima -tres años- en el delito de fraude a la administración porque considera que fue un "delito continuado", ya que el fraude se cometió en al menos tres años consecutivos (entre 2004 y 2006) cuando tuvieron lugar los convenios de las dos administraciones.

 El delito de prevaricación es por haber aceptado la firma de los convenios a sabiendas de que era un acto ilícito al haberse saltado el concurso público.

 Este delito no comporta penas de cárcel sino penas de entre siete y diez años de inhabilitación.

El sumario que instruye el juez José Castro podría quedar cerrado a final de año.