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AMPLIAREl ministro de Defensa de Brasil, Celso Amorim

Gobierno brasileño no avanzará contra la amnistía

El gobierno no respaldará juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura ni impulsará la derogación de la Ley de Amnistía, en oposición a la mayoría de los miembros de la Comisión de la Verdad, creada por Dilma Rousseff.

"El gobierno no propondrá, no impulsará y no estimulará ninguna sanción ni tampoco la revocación de la Ley de Amnistía", aseguró hoy el ministro de Defensa, Celso Amorim, en declaraciones exclusivas que publica el diario brasileño Folha y reproducidas por la agencia de noticias DPA.

La posición oficial planteada por Amorim hace referencia a la intención de la Comisión de la Verdad, creada por Rousseff hace una año para investigar los crímenes de lesa humanidad, de recomendar en su informe final la apertura de juicios penales contra los responsables de torturas, asesinatos y ocultación de cadáveres cometidos durante la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.

Integrantes del grupo anticiparon ayer que el informe final de la comisión, a ser divulgado en diciembre de 2014, recomendará la apertura de juicios contra los responsables de crímenes, por considerar que no pueden ser protegidos por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo, y dejará abierta la posibilidad de derogación de esa norma.

"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Las amnistías no valen ante el derecho internacional", afirmó la abogada Rosa Cardoso, quien asumió ayer la coordinación de las investigaciones, en lugar del diplomático Paulo Sergio Pinheiro.

Cardoso reseñó que Brasil reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y por esto debe cumplir las sentencias de la organización, que en 2010 decidió que "las autoamnistías son nulas".

Otros dos integrantes del grupo de siete miembros, el propio Paulo Sergio Pinheiro y la psicoanalista María Rita Kehl, respaldaron la posición de la abogada.

Amorim afirmó que, pese a que respeta la revisión de la Ley de Amnistía, esa "no es la posición del gobierno".

"No quiero oponerme a la Comisión, que hará lo que quiera. Lo único que no quiero es que piensen que es el gobierno que lo está haciendo (la defensa de sanciones), porque no es", precisó.

En cambio, el exministro de Justicia José Carlos Dias, también integrante de la Comisión, aseguró hoy estar en desacuerdo con sus compañeros en el grupo.

"El objetivo de la Comisión no es punitivo" y los hechos investigados "podrán ser objeto de una acción del Estado, pero no le cabe a la Comisión hacer este tipo de recomendación", afirmó en declaraciones a Folha.

La opinión de Dias se basa en un fallo del Supremo Tribunal Federal (STF) que interpreta que todos los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura están bajo el amparo de la Ley de Amnistía.

"El deber de la Comisión es reescribir la historia, con un sentido de `nunca más`, definiendo las responsabilidades y las autorías de las violaciones a los derechos humanos cometidos. Pero no estamos frente a un hecho concreto. Hay una decisión del STF reconociendo que la Amnistía alcanza a todos (los que cometieron esos delitos) y nosotros no podemos actuar contra esta decisión", argumentó Dias.

En otro orden, el ministro de Defensa declinó comentar las acusaciones de la Comisión sobre una supuesta resistencia de los militares a entregar documentos secretos sobre la represión durante la dictadura.

"Tengo que confiar en los comandantes de las Fuerzas (Armadas), y ellos dicen que muchos documentos fueron destruidos. Ello tiene lógica. Si, por descuido, quedó algún documento, esto nadie lo puede afirmar", enfatizó. 

Rousseff, quien durante la dictadura estuvo presa y fue torturada, nombró a Amorim al frente de la cartera de Defensa tras desplazar a Nelson Jobim por amparar la actitud de las cúpulas militares de rebelarse contra la creación de la Comisión de la Verdad.

A partir del malestar castrense, Rousseff propuso la creación de la Comisión de la Verdad pero limitó el alcance de su investigación a un carácter esclarecedor pero no vinculante con acciones punitivas.