El gobierno no respaldará juicios contra los responsables de delitos de lesa humanidad durante la dictadura ni impulsará la derogación de la Ley de Amnistía, en oposición a la mayoría de los miembros de la Comisión de la Verdad, creada por Dilma Rousseff.
"El gobierno no propondrá, no impulsará y no estimulará ninguna sanción ni tampoco la revocación de la Ley de Amnistía", aseguró hoy el ministro de Defensa, Celso Amorim, en declaraciones exclusivas que publica el diario brasileño Folha y reproducidas por la agencia de noticias DPA.
La posición oficial planteada por Amorim hace referencia a la intención
de la Comisión de la Verdad, creada por Rousseff hace una año para
investigar los crímenes de lesa humanidad, de recomendar en su informe
final la apertura de juicios penales contra los responsables de
torturas, asesinatos y ocultación de cadáveres cometidos durante la
dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
Integrantes del grupo anticiparon ayer que el informe final de la
comisión, a ser divulgado en diciembre de 2014, recomendará la apertura
de juicios contra los responsables de crímenes, por considerar que no
pueden ser protegidos por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el
último presidente del régimen militar, el general Joao Figueiredo, y
dejará abierta la posibilidad de derogación de esa norma.
"Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Las amnistías no
valen ante el derecho internacional", afirmó la abogada Rosa Cardoso,
quien asumió ayer la coordinación de las investigaciones, en lugar del
diplomático Paulo Sergio Pinheiro.
Cardoso reseñó que Brasil reconoció la competencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y por esto debe cumplir
las sentencias de la organización, que en 2010 decidió que "las
autoamnistías son nulas".
Otros dos integrantes del grupo de siete miembros, el propio Paulo
Sergio Pinheiro y la psicoanalista María Rita Kehl, respaldaron la
posición de la abogada.
Amorim afirmó que, pese a que respeta la revisión de la Ley de Amnistía, esa "no es la posición del gobierno".
"No quiero oponerme a la Comisión, que hará lo que quiera. Lo único que
no quiero es que piensen que es el gobierno que lo está haciendo (la
defensa de sanciones), porque no es", precisó.
En cambio, el exministro de Justicia José Carlos Dias, también
integrante de la Comisión, aseguró hoy estar en desacuerdo con sus
compañeros en el grupo.
"El objetivo de la Comisión no es punitivo" y los hechos investigados
"podrán ser objeto de una acción del Estado, pero no le cabe a la
Comisión hacer este tipo de recomendación", afirmó en declaraciones a
Folha.
La opinión de Dias se basa en un fallo del Supremo Tribunal Federal
(STF) que interpreta que todos los crímenes cometidos por el Estado
durante la dictadura están bajo el amparo de la Ley de Amnistía.
"El deber de la Comisión es reescribir la historia, con un sentido de
`nunca más`, definiendo las responsabilidades y las autorías de las
violaciones a los derechos humanos cometidos. Pero no estamos frente a
un hecho concreto. Hay una decisión del STF reconociendo que la Amnistía
alcanza a todos (los que cometieron esos delitos) y nosotros no podemos
actuar contra esta decisión", argumentó Dias.
En otro orden, el ministro de Defensa declinó comentar las acusaciones
de la Comisión sobre una supuesta resistencia de los militares a
entregar documentos secretos sobre la represión durante la dictadura.
"Tengo que confiar en los comandantes de las Fuerzas (Armadas), y ellos
dicen que muchos documentos fueron destruidos. Ello tiene lógica. Si,
por descuido, quedó algún documento, esto nadie lo puede afirmar",
enfatizó.
Rousseff, quien durante la dictadura estuvo presa y fue torturada,
nombró a Amorim al frente de la cartera de Defensa tras desplazar a
Nelson Jobim por amparar la actitud de las cúpulas militares de
rebelarse contra la creación de la Comisión de la Verdad.
A partir del malestar castrense, Rousseff propuso la creación de la
Comisión de la Verdad pero limitó el alcance de su investigación a un
carácter esclarecedor pero no vinculante con acciones punitivas.
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