El Ejecutivo uruguayo enviará en los proximos días al Parlamento un proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece un mercado antimonopólico, fomenta la producción nacional, regula la publicidad y los contenidos en horarios de protección al menor, recupera la potestad del Estado sobre las licencias y crea un organismo regulador del área.
El proyecto, anunciado el viernes por el presidente José Mujica y cuyo texto está inspirado en varios de sus 187 artículos en la ley aprobada en Argentina en 2009, apunta a "democratizar y pluralizar" las voces, explicó a Télam el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo Álvarez, uno de los expertos consultados para la elaboración de la iniciativa.
El funcionario destacó el espíritu antioligopólico y antimonopólico del
proyecto, que pone límites a la cantidad de medios que puede tener cada
titular y dispone que quienes tengan licencia para brindar servicios
audiovisuales no pueden operar en el mercado de las telecomunicaciones, a
excepción de la empresa estatal de telefonía ANTEL.
El Ejecutivo tendrá la potestad de otorgar, renovar y revocar
concesiones y licencias, autorizar o no las eventuales transferencias y
fijar los precios de los servicios de comunicación audiovisual por la
utilización o aprovechamiento de frecuencias radioeléctricas, explicó
Álvarez.
El subsecretario hizo hincapié en que "se trata de volver a poner claro y
firme que las frecuencias radioeléctricas son propiedad del Estado y
que por ende es quien tiene las funciones de regulación sobre ellas".
En su programa de radio de ayer, cuando anunció el envío de la
iniciativa al Parlamento, Mujica precisó que se busca que "el proceso de
otorgamiento de frecuencias tenga plazos para que se pueda desarrollar
un proyecto de comunicación y recuperar la inversión".
El presidente se refirió a uno de los aspectos más sensibles en este
tipo de normas, al enfatizar que el proyecto del gobierno "no incluye
regulación de contenidos como exigencia previa de imparcialidad, sino
que impulsa la sensata autorregulación, sin imponer ninguna clase de
códigos de ética que surjan desde el Estado".
Según el mandatario, el proyecto "trata de asegurar la diversidad y el
pluralismo en el sistema" con medidas que "habiliten el acceso
equitativo a medios audiovisuales" y expresa, por otra parte, "un tácito
reconocimiento de la libertad editorial, lo cual incluye la libre
determinación de la programación".
En su última edición, el semanario Búsqueda publicó que el proyecto
tiene un capítulo sobre los derechos de los periodistas, en el que se
incorpora la cláusula de conciencia por la que tendrán derecho a negarse
a acompañar con su imagen, voz o nombre contenidos de su autoría que
hayan sido "sustancialmente" modificados sin su consentimiento.
La iniciativa propone fijar en 60 por ciento la producción o
coproducción nacional en la televisión comercial, y de ese porcentaje,
al menos 30 por ciento deberá ser realizada por productores
independientes.
Las radios, en tanto, deberán emitir al menos un 30 por ciento de música
de origen nacional, según la información publicada por Búsqueda.
Álvarez precisó que el proyecto tiene como una de sus ideas centrales la
regulación de la publicidad "como forma de cuidar al público", además
de "exigir que los canales otorguen publicidad electoral gratuita" y
declarar la obligación de emitir gratis los partidos de fútbol en
"etapas definitorias".
Así como la ley argentina dio origen a la Autoridad Federal de la
aplicación (AFSCA), el proyecto uruguayo dispone la creación del Consejo
de Comunicación Audiovisual, órgano descentralizado del Poder
Ejecutivo, con miembros académicos y de confianza del presidente, que
será responsable de la aplicación, fiscalización y cumplimiento de la
futura norma, además de promover la "alfabetización mediática" de la
población y desarrollar un observatorio audiovisual.
El proyecto, redactado por el ministro de Industria, Roberto Kreimerman,
y asesores de la Secretaría de la Presidencia, entró hace un mes en la
última etapa de revisiones, según explicaron a Télam fuentes del
Ejecutivo, que espera enviarlo al Parlamento antes que Mujica emprenda
el 23 de mayo una gira por China, España e Italia.
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