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Rajoy aprobó la reforma educativa resistida por docentes y alumnos

La iniciativa recorta recursos, mercantiliza la educación y restaura la materia Religión. Ahora llegará al Congreso de los Diputados, donde el oficialismo tiene mayoría.

El gobierno español de Mariano Rajoy aprobó este viernes una nueva y polémica reforma educativa que es resistida por docentes y alumnos porque consolida recortes en el sector y un modelo neoliberal ligado a criterios mercantilistas. 

El proyecto, ante el cual la comunidad educativa está en pie de guerra, pasará ahora al Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular (PP) cuenta con mayoría absoluta. 

Entre los puntos más controvertidos de la norma se recupera como opcional la asignatura Religión, que además contará para la nota media para becas o a efectos de repetición, medida que responde a una exigencia de la Iglesia Católica.
En línea con este cambio ideológico, también se elimina la materia obligatoria Educación para la Ciudadanía, introducida por el socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que aborda cuestiones relacionadas con la ética, valores democráticos y convivencia, y que ahora se “diluye en contenidos transversales”.
Aunque existe una materia alternativa a Religión denominada Valores Culturales y Sociales, el cambio supone un retroceso histórico respecto a los avances en aras de la consecución de un Estado laico que deje atrás los vestigios de la alianza con la Iglesia de la dictadura franquista.


“Esta es la ley más importante de la legislatura”, aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al referirse a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), nombre oficial de la conocida como “Ley Wert”, por el cuestionado ministro de Educación, José Ignacio Wert.  
“Es una reforma fundamental” que pretende “mejorar la calidad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes”, añadió la “número dos” del Ejecutivo, quien remarcó que España no se puede permitir un abandono escolar del 25%, el doble de la media europea.
La vicepresidenta subrayó que el proyecto tiene como objetivo “reforzar los conocimientos instrumentales, flexibilizar las trayectorias, desarrollar sistemas de evaluación externa y la promoción de la autonomía de los centros educativos”.
También se busca fomentar la “cultura del esfuerzo”, “disminuir el número de repetidores” y “modernizar la formación profesional”.
“El 40% de los chicos menores de 15 años repitieron al menos un curso, y esto supone una deficiencia económica muy densa para el Estado”, argumentó por su parte Wert, promotor de esta ley que implanta un modelo neoconservador de rendición de cuentas que evalúa los centros educativos en base a criterios meramente económicos.
El ministro pretende que la séptima reforma educativa en 37 años de democracia esté aprobada en el otoño boreal y llegue a las aulas el próximo año.
Wert, responsable de frases como “hay que españolizar a los catalanes” o por considerar un “adoctrinamiento” la materia Educación para la Ciudadanía, es uno de los miembros del Ejecutivo que más animadversión genera entre la ciudadanía.
PROTESTAS
Tras la reciente huelga general de 24 horas del 9 de mayo en todos los niveles de enseñanza pública -infantil, primaria, secundaria y universidades-, el sector educativo anunció que llevará a cabo nuevas protestas.


“Nunca un ministro concitó tanto rechazo, no puede ser que todo el mundo esté equivocado”, aseguró hoy el líder de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, quien calificó la nueva reforma como el “mayor ataque a la educación pública”.
Por su parte, la vicesecretaria general de los socialistas, Elena Valenciano, aseguró que la norma “quiebra el principio de igualdad en la educación de España”.
Valenciano dijo que el PSOE trabajará en el Parlamento para modificar la ley educativa, pero garantizó que la derogarán cuando vuelvan al poder.
Algunos cambios importantes en la escuela es que los alumnos repetirán si reprueban más de dos materias (antes eran tres) y tampoco pasarán de curso si las dos son matemáticas, lengua o un idioma oficial.
También se elimina la “selectividad”, examen final para acceder a la universidad, y cada centro hará el suyo propio. En las Universidades se reducen becas y presupuesto y se instauran los principios del plan de Bologna, que unifica criterios a nivel europeo, más ligados al mercado.
Por otro lado, la reforma anticipa un grave conflicto territorial con la poderosa Cataluña y el País Vasco, regiones con fuerte identidad nacional propia, y también con comunidades como Andalucía, gobernada por los socialitas e IU.
Según la nueva norma, el ministerio de Educación español toma control de los contenidos de materias troncales a pesar de que la educación está descentralizada y es competencia de los gobiernos regionales.
En el caso de Cataluña, la ley obliga a financiar con fondos públicos a centros privados para niños que quieran escolarizarse únicamente en castellano, ya que actualmente la lengua vehicular es el catalán, idioma que se habla a nivel regional.

El Estado adelantará el dinero a los centros y se los descontará a Cataluña de forma excepcional hasta que el gobierno regional garantice la educación en castellano en los centros públicos.