El gobierno de Paraguay notificó la suspensión de las negociaciones con la multinacional Río Tinto Alcán para la instalación de una planta productora de aluminio, medida celebrada por dirigentes sociales y políticos que denunciaban el proyecto por cuestiones ambientales, y ahora la decisión final queda en manos del presidente electo, Horacio Cartes.
Río Tinto Alcán (RTA) es una firma canadiense y potencia en el ramo de la producción de aluminio, con plantas en todo el mundo, pero también acusada de contaminar fuentes de agua potable y depredar áreas verdes.
Durante meses, y desde que se anunció el proyecto apoyado personalmente por el presidente Federico Franco, organizaciones sociales y partidos de izquierda denunciaron los perjuicios que ocasionaría la instalación de la enorme productora de aluminio.
La suspensión de las negociaciones que se venían llevando a cabo fue
anunciada anoche por el ministro de Industria y Comercio, Diego Zavala,
quien remarcó que fue decidido por el gobierno de Franco.
"No recibí ningún pedido especial ni oficial; sencillamente iniciamos
conversaciones para pasarle datos sobre el ministerio a ellos (equipo de
transición de Cartes)", comentó el funcionario en declaraciones
radiales que recogió el diario Última Hora.
No obstante, aclaró que las negociaciones con RTA no son vinculantes,
por lo que el gobierno entrante podría desterrar la idea de permitir la
instalación de la industria y agregó que es conveniente suspenderlas
"por el momento" hasta que el gobierno electo esté enterado de "cómo se
está llevando a cabo el trabajo".
La iniciativa, cuestionada por riesgo de contaminación y de buscar
energía a valores mínimos, permanecía a la espera del avance del diálogo
entre el Grupo Técnico de Negociación (GTN) del gobierno nacional y
representantes de la empresa con la idea de establecer una hoja de ruta
con compromisos y responsabilidades.
Sólo se había concretado a fines del año pasado un primer acuerdo
centrado en las condiciones para instalar un parque industrial adyacente
a la fábrica.
La segunda etapa, que comenzó el 11 de marzo, estaba enfocada en el
medio ambiente, y la tercera, y en definitiva la más importante, sería
la que se realice con el objetivo de determinar a cuánto se le vendería
la energía a la compañía.
El objetivo de la empresa es instalarse e invertir alrededor de cuatro
millones de dólares en la zona de Itapúa o Alto Paraná, con la promesa
de generar empleo y atraer empresas.
Sin embargo, el movimiento "No a Río Tinto Alcan", que nuclea a
profesionales, exfuncionarios y ambientalistas, se opuso desde un primer
momento a su llegada.
"No estamos de acuerdo con ceder energía subsidiada a una multinacional y
además, el gobierno actual -encabezado por Franco, con el que comenzó
la negociación- es ilegítimo pues asumió tras un golpe de estado",
explicó semanas atrás a Télam María Paz Valenzuela, vocera de la campaña
"No a Río Tinto Alcan" .
"El desembarco de una industria electrointensiva de aluminio en
Paraguay, un país que no tiene materia prima, que no tiene costa al mar,
ni mercado, solamente puede deberse a que desean compensar estos
evidentes inconvenientes con una energía a costos mucho menores que
otros países donde sí cuentan con estos factores", explicó Mercedes
Canese, exviceministra de Minas y Energía.
No obstante, el proyecto fue defendido por un sector que considera que
tiene "argumentos sólidos" que explican la importancia de la llegada de
Río Tinto a Paraguay.
Uno de ellos es Walter Bogarín, actual vicepresidente del Centro de
Industriales Metalúrgicos. "Paraguay dispone de suficiente energía
eléctrica, que es uno de los elementos principales para generar
aluminio; nuestra energía está yendo a Brasil y a la Argentina a
desarrollar industrias de esos países", explicó.
Sobre la cuestión ambiental, Bogarín reconoció que "este tipo de industria puede generar contaminación si se le permite".
"El medio ambiente para nosotros es innegociable, no apoyaríamos algo que sabemos que atenta contra eso", dijo el dirigente.
Para Canese, en cambio, Paraguay tiene leyes "muy permisivas en lo
ambiental" y al no ser un "país industrializado", no multa por la
emisión de gases de efecto invernadero.
El Frente Guasú, coalición de partidos de izquierda y organizaciones
sociales, calificó de gran paso a la suspensión de tratativas oficiales
con la criticada multinacional.
El senador Hugo Ritcher, en nombre del Frente, recordó que ese es uno de
los planteos hechos por la organización para poder iniciar un diálogo
oficial con el Partido Colorado sobre temas en los cuales podrían
coincidir en el Congreso, aunque alertó que es necesario "estar atento" a
todo lo que se decida de ahora en más relacionado con Río Tinto.
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