El gobierno de Evo Morales aguarda que la Central Obrera Boliviana (COB) levante sus medidas de presión para allanar el camino del diálogo y debatir la Ley de Pensiones, precisó el domingo el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce.
Las protestas de la COB, protagonizadas por mineros y maestros rurales, bloquearon durante toda la semana los principales accesos a las ciudades de La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz y se produjeron violentos choques que dejaron 60 heridos y 130 detenidos.
La COB pide al gobierno cambiar la Ley de Pensiones para incrementar el monto de jubilación de 550 a 1.160 dólares a favor de los trabajadores mineros de país, una exigencia que la administración de Morales rechazó en medio de bloqueos de caminos y protestas en las principales ciudades bolivianas.
'Con la liberación de los detenidos, el Ejecutivo dio
una señal de limar asperezas y allanar el camino y restablecer el
diálogo, pero les dijimos que también den una señal no al Gobierno sino a
la población, de que al menos declaren un cuarto intermedio o una
tregua en sus movilizaciones', precisó en declaraciones al programa
dominical El Pueblo es Noticia que difunden medios estatales.
Aclaró que el Gobierno cumplió con los pedidos planteados por la
COB para restablecer el diálogo, entre esos, gestionar la libertad de
los detenidos mineros y maestros rurales durante los disturbios en la
Apacheta, Caracollo y Caihuasi.
Arce recordó que el Gobierno viabilizó la discusión de la Ley de
Pensiones y conformó mesas de trabajo con la COB, hace más de un mes,
como muestra de voluntad política para enmendar los problemas de la
población de rentistas bolivianos.
El diálogo aterriza después de una semana convulsa en que los
mineros de Huanuni volaron con explosivo un puente de una carretera del
país con menos vías de comunicación de Sudamérica.
En un país de 10,3 millones de habitantes y con una población 1,5
millones de jubilados en potencia y la mitad de éstos a expensas de los
fondos de reposición de aportes individuales de los cotizantes
bolivianos, los mineros, columna vertebral histórica de la casi
sexagenaria COB, metieron presión para que el Estado reconozca sin
discriminación alguna, a 56.000 de ellos y de otros sectores,
jubilaciones mensuales de 8.000 bolivianos.
La atención del gobierno de Morales a este pedido, que desbarataría
el Fondo Solidario de Jubilación, montado para personas que nunca
cotizaron, y que vivieron al día, como casi 1,5 millones de vendedores
al menudeo, que en Bolivia se conocen y organizan como gremiales, tengan
derechos a una pensión que haga digno el tramo más difícil del ser
humano, la vejez.
De acuerdo con la propuesta gubernamental el límite máximo de
pensión solidaria para el sector minero sube de 3.700 a 4.000
bolivianos, además del incremento de la renta de jubilación de 2.600 a
3.200 bolivianos para otros sectores.
De hecho, esta propuesta reducirá a 20 años la viabilidad del Fondo, el primero de su género en América Latina.
En contrapartida la COB demanda una jubilación de 8.000 bolivianos para los trabajadores mineros y 5.000 bolivianos.
Antes de la convulsa semana recientemente pasada, 'quienes rompieron
el diálogo para debatir la modificación del régimen de la Renta
Solidaria de la Ley de Pensiones fue la COB y no es el Gobierno', aclaró
Arce en declaraciones al Pueblo es Noticia.
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