La huelga y bloqueos de rutas de la COB en reclamo de un aumento de las jubilaciones entró en su tercer día con la incorporación de los mineros, pero el Gobierno señaló que si accede al pedido pondría en riesgo al sistema.
Además, el gobierno boliviano denunció un "lenguaje golpista" y el uso de violencia en la protesta. Horas después de que la policía reprimiese a unos 3.000 mineros de Huanuni para despejar el bloqueo de la ruta Oruro-Potosí en la localidad de Caihuasi, donde los trabajadores dinamitaron un puente, y hubo al menos cinco heridos y 100 detenidos, el Gobierno reiteró su llamado al diálogo.
Sin embargo, el Gobieno también sostuvo que no cederá a la demanda de la
COB de aumentar la jubilación de los mineros a 8.000 bolivianos (1.147
dólares) y a 5.000 (715 dólares) para el resto de los sectores, porque a
su juicio eso pondría en riesgo todo el sistema de pensiones, en
especial de los que menos cobran.
La propuesta oficial, precisada por el ministro de Economía, Luis Arce,
es llevar el máximo de la jubilaciones de los mineros a 4.000 bolivianos
(570 dólares) y la del resto de los trabajadores a 3.200 (457 dólares).
Por su parte, el secretario general de la COB, Juan Carlos Trujillo,
demandó un diálogo con el presidente Evo Morales e insistió en la
atención a su reclamo de aumentos, sobre todo apoyado en el hecho, dijo,
de que los militares gozan del 100 por ciento de jubilación.
Arce, citado por la agencia ABI, aseguró respecto de las jubilaciones
castrenses que en la ley de Pensiones "no hay ni un sólo artículo que el
gobierno haya incorporado favoreciendo a ese sector", y que "si existe
algún beneficio corresponde a gobiernos anteriores".
Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la
policía secuestró en el bloqueo de Caihuasi 375 kilos de dinamita y
anfo, otro explosivo, ocultos en una ambulancia y una combi, según
informó el diario paceño La Razón.
En tanto, el ministro de la Presidencia (jefe de Gabinete), Juan Ramón
Quintana, advirtió que en el discurso de algunos dirigentes obreros se
detecta "un lenguaje golpista" y convocó a dejar esa actitud y acudir al
diálogo para buscar una salida al conflicto.
"Hay dirigentes que están expresando el lenguaje del golpe de Estado,
porque hemos escuchado a dirigentes de la Central Obrera Departamental
de Cochabamba decir que `así como lo hemos subido al presidente Evo
(Morales), lo vamos a tumbar`. Ese es el lenguaje golpista, ese es el
lenguaje antidemocrático", denunció.
"En el diálogo con la COB vamos a reiterar esta propuesta (de pensiones
planteada por Arce) porque es irrevisable. No vamos a poner en riesgo la
economía del país, la sostenibilidad del Fondo Solidario y la
asignación de recursos para la gente que gana menos en el país", afirmó.
También advirtió que si se mantiene la paralización de actividades en
Huanuni, principal mina de estaño del país, nacionalizada en 2006, hay
"riesgo de colapso" económico de esa empresa, por lo que "aceleran un
suicidio colectivo".
Además, la agencia Prensa Latina informó que los bloqueos de rutas
realizados por miembros de la COB abarcan ya siete regiones del país, e
implican el cierre del tránsito en las vías que comunican con Argentina y
Chile.
Ante este panorama, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, reiteró el
pedido de diálogo que hizo ayer el Gobierno y descartó la exigencia de
los dirigentes de la COB para entablarlo con el presidente Morales y el
vicepresidente Álvaro García Linera.
Asimismo, movimientos sociales afiliados a la COB, como la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y la
Confederación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bartolina
Sisa, pidieron a los dirigentes de la central obrera reflexionar y
retomar el diálogo con el Gobierno.
También el secretario ejecutivo de la Confederacion de Jubilados y
Rentistas de Bolivia, Mamerto Goyochea, pidió a la COB que presente un
estudio matemático actuarial para garantizar la "sostenibilidad en el
tiempo, sin afectar la jubilación de otros sectores" de cualquier
posible incremento de estas rentas.
En abril pasado, la central obrera presentó otro pliego de demandas de
aumento de salario al Gobierno, y se acordó una suba de 8 por ciento en
los sueldos estatales, de referencia para el sector privado, y de 20 por
ciento en el salario mínimo.
El salario mínimo de un trabajador promedio en Bolivia supera en 127 por
ciento al percibido antes de 2005, según el Ministerio de Economía,
cuyos datos indican que el incremento de los sueldos en los últimos
siete años duplica el monto recibido en el primer quinquenio de la
pasada década, cuando el mínimo nacional era de 440 bolivianos, unos 70
dólares.
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