El Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy dictará el viernes próximo sentencia a tres acusados, en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia durante la última dictadura.
La Fiscalía y querellantes solicitaron que Mariano Braga y José Bulgheroni sean condenados a prisión perpetua y Antonio Vargas, a 25 años de prisión, informó hoy el Centro de Información Judicial (CIJ) creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las defensas pidieron la absolución de los tres acusados de cometer homicidio, secuestros y violación de domicilio contra 43 víctimas de la represión terrorista de estado.
Un día antes de la sentencia, en la audiencia del jueves, los jueces René Vicente Casas, Marcelo Juárez Almaraz y Daniel Morin ofrecerán a los imputados la posibilidad de expresar sus últimas palabras.
Bulgheroni y Braga eran oficiales de inteligencia del Área 323 de represión, durante el terrorismo de estado, y Vargas se desempañaba como interventor del Servicio Penitenciario de Jujuy, convertido entonces en un centro clandestino de detención.
Bulgheroni está imputado en dos de las cinco causas judiciales unificadas en este juicio: Reynaldo Aragón y otros, y Paulino Galeán y otros, esta última conocida también como "grupo Tumbaya".
Entre los secuestros de militantes del Partido Comunista de la
localidad de Tumbaya, Bulgheroni fue acusado por la desaparición de
Santos Rosa Mamaní, cuando éste fue al RIM 20, sede del Área 323,
a retirar un certificado de libertad.
Braga fue
imputado en el secuestro y desaparición de Julio Rolando
Álvarez García, un militante de la Juventud
Universitaria Peronista en Tucumán, capturado en la casa de
su familia en Jujuy por un grupo de tareas el 21 de agosto
de 1976.
Por su parte, Vargas está imputado en dos causas relacionadas con las represiones de la Noche del Apagón, cuando decenas de obreros y vecinos del ingenio Ledesma fueron secuestrados, y contra mineros de El Aguilar.
En los operativos ilegales de la Noche del Apagón, entre el 20 y el 27 de julio de 1976, fueron capturadas unas 400 personas, de las cuales alrededor de 30 siguen desaparecidas.
Por este caso, en otra causa judicial, están procesados Carlos Alberto Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, y Alberto Lemos, en esa época administrador de la misma empresa.
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