29/04/2013 - Romero

Piden elevar a juicio causa que involucra a ex gobernador salteño

La causa que involucra al ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación, fue remitida a juicio oral y público, según informaron fuentes judiciales.

 La investigación preparatoria que llevó a cabo la Fiscalía, por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación, reunió las pruebas necesarias para llevar a juicio oral y público al actual senador nacional. 

La causa iniciada al exgobernador y actual senador nacional, por la concesión de un hangar de Aviación Civil de la provincia a una empresa, propiedad de su entorno familiar, fue remitida a juicio oral y público. 

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, a cargo del fiscal Guillermo Akemeier, que estuvo a cargo de la investigación penal por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación en perjuicio de la administración pública, promovió el decreto de requerimiento de la remisión de la causa a juicio. 

El caso gira en torno a la concesión de un hangar existente en el Aeropuerto Martín Miguel de Güemes, mediante la firma de un contrato de comodato entre el entonces director de Aviación Civil, Ricardo Funes con la empresa Finca de la Represa, propiedad de Juan Esteban Romero, hijo del exgobernador. 

Según los voceros, de la investigación se deprende que esta empresa servía de pantalla, ya que la verdadera beneficiaria del hangar era la firma Avionsur SA, de propiedad mayoritaria del senador Romero. 

Dicha cesión salió a luz en octubre pasado, cuando el diputado provincial Matías Posadas dio a conocer detalles de la operación por la cual el exgobernador, 18 días antes de dejar el gobierno en el año 2007, cedió en calidad de comodato el hangar a la empresa de su hijo. 

Los imputados en la causa, además, de Juan Carlos Romero, son Raúl Romero Medina, que era funcionario del gobierno provincial, y Ricardo Funes, como cómplices primarios, mientras que Juan Esteban Romero fue considerado coautor por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. 

 Por su parte, la Fiscalía de Estado, a través de su titular, Ramiro Simón Padrós, se encuentra analizando, en virtud de las pruebas que surgen de la investigación preparatoria, los pasos a seguir en cuanto a la demanda civil, por daños y perjuicios al Estado provincial. 

En este sentido, se evalúan los montos que la empresa Avionsur SA, que era en definitiva quien hacía usufructo del hangar, dejó de pagar en concepto de cánon, a partir de la firma del contrato de comodato. 

 Asimismo, la Fiscalía analiza la posibilidad de promover acciones cautelares sobre el uso del hangar y la vigencia del contrato de comodato, que podría ser anulado en los próximos días. 

Los voceros judiciales indicaron que la remisión recaerá en un juzgado correccional y de garantías, que deberá decretar la remisión a juicio y la apertura de la etapa de pruebas, que son dos decretos que pueden ser apelables por las partes.