Una importante lista de personalidades y organizaciones vinculadas con los Derechos Humanos de la región hicieron público un documento en apoyo a la Procuradora General de la Nación.
Además repudiaron lo que consideran una campaña de difamación iniciada en contra de la funcionaria.
Representantes de distintos organismos de derechos humanos del NOA, mediante un documento difundido ayer hicieron saber que avalan los cambios que está llevando adelante en el Ministerio Pùblico la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó.
En tal sentido destacan como positiva la creación de unidades especializadas que tienen como objeto abordar asuntos de política criminal de profundo interés colectivo y gran complejidad (Delitos de Lesa Humanidad, Narcotráfico, Trata de Personas, Violencia Institucional, Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero).
El texto está firmado entre otros por Marta Rondoletto, Fundación Memoria e Identidades del Tucumán; Lilian Reynaga, Asociación de Ex Presos Políticos deTucumán; HIJOS, Grupo Hermanos y Amigos de Tucumán; Estela Assaf, APDH Tucumán; Renee Ahualli, Secretaría de DDHH de la CTA de los Trabajadores de Tucumán; Asociación de Prensa de Tucumán;CTA de los Trabajadores, Tucumán. Por Jujuy, ANDHES Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Tucumán y Jujuy); Inés Peña, Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy; Julio Gutiérrez, CAPOMA, Centro de Acción Popular "Olga Arédez" de Ledesma, Jujuy; Hugo Condorí, Asociación de Ex Presos Políticos de Jujuy; Paula Alvarez Carrera, Asociación de Abogados de DDHH de Jujuy.
En tanto por Santiago del Estero, firman Cristina Torres, Asociación por Memoria, Verdad y Justicia de Detenidos Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero; Luis Garay, Instituto Espacio de Memoria de Santiago del Estero.
Por Catamarca Emperatriz Marquez, Asociación de Presos Políticos de Catamarca;
Finalmente, señalan su enérgico repudio a la campaña de difamación y ataque de la que está siendo objeto la funcionaria, quien fuera recientemente designada en un proceso democrático que la sociedad civil acompañó.
Los funcionarios nombrados ad hoc para trabajar en estas unidades especializadas (de acuerdo a la ley 24.946 del Ministerio Público) tienen un desempeño reconocido en todas las instancias de tribunales de todo el país. Representan una respuesta para atender las demandas sociales más urgentes, como ha sido demostrado en los avances en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.
Los cambios que se están llevando a cabo - y que se busca paralizar con esta campaña de descrédito- apuntan a generalizar una modalidad de trabajo bajo una nueva matriz, de cara a la sociedad y dentro de la normativa vigente, visión que compartimos.
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