Un jurado popular brasileño condenó en la madrugada del domingo a 23 policías a 156 años de prisión para cada uno por haber sido encontrados culpables del asesinato de 13 de los 111 presos ultimados en la represión en una cárcel de Sao Paulo en 1992, un episodio conocido como la Masacre de Carandirú.
Con estas sentencias terminó la primera parte del juicio contra 79 policías por la peor masacre perpetrada en el sistema carcelario brasileño el 2 de octubre de 1992, cuando la policía reprimió con armas pesadas un pelea entre detenidos y mató a 111 presos.
Los policías condenados estarán en libertad hasta que la
sentencia quede firme y avalada por un tribunal de alzada.
"Quedó comprobado que hubo una masacre. Nuestra preocupación
era dejar constancia a nuestra población de que la vida no es
descartable", sostuvo el fiscal Fernando Pereira, al celebrar el
fallo, que también absolvió a tres policías.
Marcio Friggi, otro de los fiscales del juicio al que se
considera histórico por abordar, dos décadas después, un caso
que marcó la trayectoria de los derechos humanos en Brasil, negó
que existan pruebas para condenar al responsable político de la
masacre, el entonces gobernador Luiz Fleury Filho.
La abogada de los policías, Ieda Ribeiro de Souza, dijo que
apeló la sentencia leída en la madrugada de este domingo.
"La condena no refleja el pensamiento de la sociedad sobre lo
que ocurrió en la prisión", afirmó la letrada, y sostuvo que la
mayoría de los brasileños respalda el accionar policial en la
hoy extinta cárcel de Carandirú.
Desde el 2 de octubre de 1992, apenas había sido juzgado un
acusado. Fue en 2001 cuando un jurado popular condenó a 632 años
de prisión al coronel que condujo la operación, Ubiratán
Guimaraes.
En 2006, el Tribunal de Justicia de Sao Pauolo lo absolvió
tras anular el juicio por falla de procedimiento y Ubiratán fue
asesinado meses después en su apartamento.
En lo que resta del año, la justicia de Sao Paulo tiene
previsto juzgar a otros 53 presos por las muertes de otros 96
detenidos.
Durante el juicio, apenas cuatro de los policías acusados
eligieron declarar para defenderse. Ellos aceptaron haber
entrado con ametralladoras y armas largas al presidio, por orden
de superiores, y con la oposición del personal de servicio
penitenciario.
Pero argumentaron que dispararon al aire, sin buscar asesinar
a los detenidos, ya que había mucho humo a causa de la rebelión
en el Pabellón 9 de Carandirú.
"Esto no es posible -argumento el fiscal Friggi-. El 85% de
los presos fue alcanzado por balas en al cabeza y el cuello.
Ellos dicen que no podían tener precisión al disparar.
¡Imagínense si tuvieran precisión!".
El ex gobernador Fleury declaró en el juicio y aseguró que es
el responsable político de la masacre, aunque acusó a su
secretario de Seguridad, Pedro Franco Campos, de haber sido
quien ordenó la operación.
"Entrar al presidio fue algo legítimo y necesario", sostuvo Fleury.
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