18/04/2013 - Lesa humanidad

Concluyeron los pasos procesales en el primer juicio de lesa humanidad

El Tribunal Oral Federal de Jujuy dio por concluidos ayer los pasos procesales en el primer juicio de lesa humanidad que comenzó el 12 de julio del año pasado que tiene tres imputados por secuestros, torturas y homicidio cometidos durante la dictadura cívico militar y acumuladas cinco causas.

La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el 2 de mayo próximo, fecha que en se hará lugar a la "ultima palabra" de los imputados que son Rafael Mariano Braga, José Eduardo Bulgheroni, dos oficiales de inteligencia del Área 323 y del ex interventor del Servicio Penitenciario provincial, Antonio Orlando Vargas.  

Las causas son las de Luis Aredez y otros, por los detenidos desaparecidos en "La Noche del apagón", cuando trabajadores del ingenio Ledesma fueron detenidos. 

 La fiscalía, al igual que los abogados querellantes, pidieron prisión perpetua para los dos primeros y 25 años para Vargas, mientras que los defensores solicitaron la absolución lisa de culpas y cargos durante las audiencias de debates. 

 En la jornada se hizo lugar a la réplicas de los fiscales,  las querellas y las dúplicas de las defensas, sin que hubiera mayores aportes sobre los hechos conocidos durante las indagatorias de más de 150 entre testigos víctimas, familiares de presos políticos, detenidos desaparecidos, policías, guardia 
cárceles, profesión ales, ex jueces y testigos por los imputados. 

 El eje de la réplica y dúplica fue la validez de los decretos que ponían a los detenidos bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional anteriores al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que para el fiscal Francisco Snopek, fueron utilizados por el posterior gobierno militar como una "fachada legal". 

 Snopek dijo que quería dejar constancia que con los decretos que llevan los números 2720, 2771 y 2772 los militares "blanquearon las posteriores detenciones" realizadas con el marco de la ilegalidad. 

 También refutó argumentos de la defensa en el sentido que los imputados actuaban por desconocimiento en torno a las detenciones, y otro tanto hizo el fiscal ad hoc, Pablo Pelazzo, argumentando con declaraciones de un testigo empleado del Servicio Penitenciario quien dijo que "sabía que las detenciones eran ilegales". 

 Ambos fiscales se opusieron también al pedido de la defensa del imputado Braga sobre un supuesto falso testimonio de cuatro testigos durante las indagatorias. 

 Juan Manuel Sivila, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo hoy que las detenciones que se realizaban integraban un "conjunto de prácticas" y que el plan sistemático de exterminio dl ejército contribuía al Plan de la Seguridad Nacional. 

 Agregó que las órdenes que recibían los subalternos "pasaban por la cadena de mandos, esto claramente apoyado por el imperativo de cumplimiento". 

 Los abogados querellantes hicieron conocer sus adhesiones a las expresiones de los fiscales y el rechazo al pedido de falso testimonio del defensor de Braga. 

 La abogada María José Castillo, querellantes en la causa Luis Aredez y otros, dijo a Télam que Vargas  conocía perfectamente la ilegalidad de las detenciones y el plan, pero además las detenciones a disposición del PEN , no volvía legal la privación ilegítima de la libertad; era una simple fachada legal, concluyó. 

 El abogado defensor de Vargas, Matías Gutiérrez Perea insistió en que los detenidos en el penal a su cargo eran presos comunes, mientras que efectivos de otras fuerza como Ejército, tenían sus responsabilidades antes los detenidos. 

 Por su parte Ricardo Vitellini, quien defiende a Braga,  principal imputado por la desaparición de de Julio Rolando Álvarez García, nada tuvo que ver con este hecho, como tampoco tuvo que ver Bulgheroni con la desaparición de Santos Rosa Mamaní.