18/04/2013 - Democratización de la justicia

Académicos respaldan el voto popular para la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura

Rectores, decanos, académicos y científicos respaldaron los proyectos para democratizar la justicia, en particular el referido a la elección del Consejo de la Magistratura por el voto popular, y consideraron que representan "una oportunidad histórica de acercar el ámbito académico y a la sociedad, con el sistema de administración de justicia".

Así lo refrendaron a través de un documento que presentaron esta mañana en la sede que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Constitución. 

Los académicos respaldaron en particular el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que ayer obtuvo media sanción del Senado y que, además de aumentar el número de miembros de 13 a 19, introduce la novedad de la elección por voto popular de parte de sus integrantes.

"Celebramos esta reforma que inaugura un camino largamente esperado en un sistema que no debate sus formas desde hace más de un siglo", dijo el decano de la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Sergio Caletti, al dar la bienvenida a los más de 30 rectores y decanos de universidades públicas, académicos y científicos.
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El documento, firmado entre otros por los rectores Rubén Hallu (UBA), Ana Jaramillo (Lanús), Arturo Somoza (Cuyo); los decanos Florencia Saintout (La Plata), Jorge Aliaga (Exactas-UBA); y por referentes académicos como Jaime Sorín, Ricardo Forster y María Pía López, remarca "el profundo sentido democrático" de la reforma para "garantizar en los tres poderes del Estado el principio de la soberanía popular".

"Esta propuesta introduce una reflexión profunda acerca del Poder Judicial y del sistema de administración de justicia en su conjunto, porque permite en el marco constitucional garantizar la participación popular en una de sus principales instituciones del país, como es el Consejo de la Magistratura", subraya el pronunciamiento.

Además, expresan su respaldo a la elección popular de académicos y científicos al sostener que es "muy importante" que el Poder Judicial "no sea solamente un espacio observado, pensado y decidido por abogados".

Y destacan la importancia de la regulación del ingreso al Poder Judicial a través de concursos públicos donde "se imponga el mérito y no el favoritismo; lo mismo que "el acceso de todos los ciudadanos a la información de las causas judiciales".

También respaldan el resto de iniciativas que son tratadas en el Congreso como "la transparencia en la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, la creación de las tres nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares".

Al focalizar su análisis en la reforma del Consejo de la Magistratura, el filósofo y profesor de la UBA, Ricardo Forster, calificó a los proyectos como una "discusión fundamental" para la vida democrática argentina que "reivindica el rol de los ciudadanos".

"No creemos en las virtudes celestiales de ningún poder, somos una sociedad madura y podemos desplegar este debate en todo el país", señaló.

En tanto, el docente y criminólogo Juan Pegoraro, expresó que "la sociedad reclamaba un cambio" ante una "familia judicial distante de la sociedad" y reflexionó sobre la legitimidad de la justicia "en un orden social injusto".

Por su parte, la socióloga e integrante del CONICET, Dora Barrancos, insistió en que los académicos "son parte de la ciudadanía" al coincidir con la consulta popular para la elección de científicos y académicos "con calidad institucional" en el Consejo de la Magistratura.

"La sociedad necesita una apertura democrática de todos los sistemas porque los actos supercorporativos son dañinos", remarcó.

Por su parte, Aliaga recordó que la reforma se posiciona en línea con la Constitución Nacional, que establece el juicio por jurados y reivindicó el "abordaje interdisciplinario" como elemento "enriquecedor" al  destacar la eliminación del requisito de ser abogado para ocupar el Consejo.

 

El documento finaliza instando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por una "pronta organización de un Congreso para seguir pensando la reforma judicial y la administración de justicia".