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AMPLIARAlberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano serán sometidos al Jury de Enjuiciamiento, que analizará su destitución

Jury para los jueces del Caso Verón

Los jueces que absolvieron a los 13 imputados por el secuestro y desaparición de Marita Verón serán sometidos al Jury de Enjuiciamiento tras resolver la Legislatura que existen motivos para la destitución de los magistrados. “Según el Tribunal, las testigos dicen la verdad en todo lo que afirman, menos cuando dicen haber visto a Marita Verón", dijo Sisto Terán, en rueda de prensa.

La medida se tomó con el voto favorable de once legisladores y la negativa del opositor Ricardo Bussi (Fuerza República), según confirmó el titular de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Sisto Terán.

Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano serán sometidos al Jury de Enjuiciamiento, que analizará su destitución.

El otro integrante del tribunal, Emilio Herrera Molina, fue excluido del proceso legislativo a raíz de una cautelar en su favor dictada por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Herrera Molina presentó la renuncia para acogerse a la jubilación, pedido que fue rechazado por el Poder Ejecutivo pero debe ser analizado nuevamente por una orden judicial debido a su delicado estado de salud.

Los jueces absolvieron a los 13 imputados en el juicio por el secuestro de Marita Verón y a raíz de la resolución fueron denunciados por Susana Trimarco, madre de Marita, que desapareció hace exactamente once años, el 3 de abril de 2002.

La acusación se realiza según el artículo 124, inciso 5° de la Constitución Provincial, por considerarlos incursos “en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo”, que obra como causal de destitución en el artículo 47 de la Carta Magna.

La acusación también menciona los artículos 4 y 5 de la Ley N° 8.199, expresado como “ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio de sus funciones, reiteración de irregularidades en el procedimiento”, entre otros puntos.

Ahora comenzará la tarea del Jurado de Enjuiciamiento que debe determinar los pasos a seguir.

El cuerpo, presidido por Terán, estuvo integrado por los legisladores oficialistas Manuel Fernández, Roque Alvarez, Iván Llorens Dip, Beatriz Bordinaro de Peluffo, Guillermo Gassembauer, Alfredo Quinteros, Gregorio García Biagosch, Carlos Asán, José Orellana y Víctor Lossi.

Todos votaron por la acusación a los jueces para que avance el proceso de destitución, mientras que Bussi fue el único que votó en favor de archivar de la causa.

Terán leyó los fundamentos de la resolución y justificó la medida al sostener que los magistrados no tomaron los recaudos necesarios para proteger a las testigos.

“Estamos convencidos de que habrá un antes y un después de este proceso en relación con la forma en la que deben ser tratadas las víctimas de explotación sexual cuando ofician de testigos o como víctimas", indicó el titular de la comisión de Juicio Político.

Terán indicó que durante el debate "pasó de todo", y puso como ejemplo a "las testigos vulnerables, que ingresaban encapuchadas a declarar pero se les tomaban fotografías a la salida".

También indicó que "hubo amedrentamiento a testigos con gestos expresos e inclusive reconocidos por parte de los imputados".

"Las testigos vulnerables tuvieron una vida infernal, dramática, espantosa, algunas de ellas iniciadas en la prostitución por los imputados a la edad de 13 años, abusadas sexualmente, golpeadas y sometidas psíquica y farmacológicamente por sus captores", resaltó.

"No obstante ello, juntan fuerza y, exponiéndose a la revictimización y las represalias contra ellas y sus familias, se animan a declarar contra sus captores", agregó.

El legislador lamentó que "a semejante prueba de coraje, el tribunal responde tratándolas como testigos comunes, evaluando sus dichos con un encarnizamiento pormenorizado que no encuentra explicación alguna, al punto que por momentos parecía que las testigos eran juzgadas y no los imputados".

"Imputados que, por otra parte, son delincuentes de la peor calaña y esto no lo dice la comisión, que no se atrevería a calificar de delincuente a ningún ciudadano; lo dicen los camaristas que acusamos", añadió.

Terán recordó que "el Tribunal considera, con carácter de plena certeza, que todos los imputados integraban una red de captación de mujeres con destino a la trata de personas, con conexiones nacionales y seguramente internacionales".

"Lo esencial para arribar a esta conclusión fueron los testimonios de las mismas testigos vulnerables a las que dejaron intimidar y agraviar y cuyos testimonios sometieron a un escrutinio ridículo con la intencionalidad de desvirtuar su credibilidad, pero sólo en lo atinente al caso Marita Verón", insistió.

"O sea que, según el Tribunal, las testigos dicen la verdad en todo lo que afirman, menos cuando dicen haber visto a Marita Verón", agregó Terán en rueda de prensa.

Según los legisladores, "los camaristas ahora acusados no tomaron las previsiones para preservar la intimidad de los testigos e incluso mencionaron sus nombres en la sentencia”.

Terán explicó los antecedentes jurídicos que justificaron la decisión y sostuvo que los acusados desconocen los fundamentos de un proceso de carácter político como el que está en trámite.

También descartó que haya habido una conspiración del oficialismo para destituirlos, como señalaron los jueces al comenzar el proceso.

El legislador explicó que en la resolución, que consta de 173 fojas, se incluyen declaraciones de Mauricio Macri, Ricardo Gil Lavedra, María Eugenia Vidal y Alicia Argumedo en contra la sentencia absolutoria dictada a fines del año pasado.

“Se trata de referentes del arco opositor que descalificaron la sentencia y demuestra que lejos está la posibilidad de que haya habido una conspiración como se quiere instalar”, expresó.

Terán sostuvo que la investigación policial y judicial realizada en la primera etapa del proceso arribó a conclusiones claras respecto de los autores de la desaparición de la joven tucumana y consideró insólito el tiempo que demoró la elevación a juicio oral.

La resolución firmada por los legisladores será notificada hoy al Jury de Enjuiciamiento, que dispondrá de 90 días para completar el proceso y determinar si corresponde o no la destitución de los jueces.

Los miembros del Jury son los legisladores Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, todos oficialistas, y Alberto Colombres Garmendia, del PRO.

El cuerpo se completa con el representante de la Corte Suprema de Justicia Alberto Brito; el fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa estará por el Poder Ejecutivo mientras que por el Colegio de Abogados de Tucumán fue designado Sebastián Herrera Prieto.