Argumentaron que los reclamantes privados no son propietarios de las tierras en disputa y que derivaron en la muerte de diecisiete personas. Los terrenos en disputa pertenecen al Estado.
El abogado Vicente Morales hizo el pedido a la jueza Rosa Ríos, días después de la denuncia de Naciones Unidas por la violación de derechos humanos de los campesinos, y la falta de una investigación independiente sobre lo ocurrido.
El planteo se basa en que los terrenos en los que ocurrió la masacre, en
la que murieron 11 campesinos y 6 policías, forman parte de un litigio
entre el Estado paraguayo y la empresa Campos Morombí, que se dice
propietaria de esas tierras.
Hasta el presidente Federico Franco declaró que los terrenos pertenecen
al Estado y prometió en su momento recuperarlos para entregarlos a los
campesinos, promesa que aún no cumplió.
Morales argumentó entonces la inexistencia de una invasión a una
propiedad privada en Curuguaty, por cuanto el reclamante no está
reconocido oficialmente como su propietario, sino que dos partes debaten
legalmente la titularidad del área.
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