El ex general es juzgado junto a su ex jefe de inteligencia militar por la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil entre marzo de 1982 y agosto de 1983. En Guatemala el terrorismo de Estado provocó 250 mil víctimas.
El juicio es considerado histórico en el país y marcado en su primera jornada por las maniobras dilatorias de la defensa, que dejaron al acusado casi sin abogados.
La presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, debió
iniciar el juicio con una importante demora originada en recursos de la
defensa de último momento para aplazar el proceso por el cual el ex
general y quien fue su jefe de inteligencia, José Rodríguez, están
acusados de la muerte de 1.771 indígenas de la etnia ixil desde marzo de
1982 hasta agosto de 1983, período en el que el Ríos Montt gobernó el
país, informaron las agencias de noticias DPA, ANSA y EFE.
Al ser desechados por el tribunal todos los recursos, Ríos Montt
despidió al equipo de abogados que llevaba su caso desde 2012 y lo
reemplazó por otro jurista, Francisco García, quien pidió una prórroga
de cinco días -contemplada por la ley ante un cambio de defensor- para
conocer el expediente.
La maniobra dilatoria fue reconocida incluso por uno de los abogados
despedidos, Danilo Rodríguez, quien explicó que cuando estaba ingresando
hoy a la sede de la Corte Suprema de Justicia fue notificado por
teléfono de que él y otros tres juristas quedaban fuera del equipo de
defensa de Ríos Montt.
"El general nos sustituyó" y "no nos molesta, ya que él lo hizo como estrategia porque tiene que defenderse", aseveró Rodríguez.
El tribunal rechazó el pedido de prórroga del nuevo abogado, al
considerar que aceptar hacerse cargo de la defensa conlleva la
"obligación moral, ética y profesional de conocer" el caso.
"Se me vulnera un derecho que la ley me otorga", denunció sin embargo
García, quien después volvería a interrumpir la sesión con otra
estrategia dilatoria, no sin antes presentar un alegato por "proceso
defectuoso" que hace "imposible la celebración de este debate".
La jueza Barrios sorteó todos los planteos de la defensa y el juicio
comenzó con el argumento acusatorio del Ministerio Público, apoyado por
abogados de organizaciones que se sumaron al proceso como querellantes.
El fiscal Orlando López explicó al tribunal los argumentos que expondrá a
lo largo del juicio y que demuestran, según sostuvo, los delitos de
genocidio y crímenes de guerra de los que se acusa a los generales
retirados.
"Agradezco a los sobrevivientes y a las víctimas del grupo étnico Ixil
por haber esperado a que este día llegara para que se hiciera justicia;
se inicia hoy una de las fases más importantes en relación a los hechos
que ocurrieron hace 30 años", indicó López.
Fiscales y abogados de las víctimas afirman que Ríos Montt tenía
conocimiento de las atrocidades que el Ejército realizaba contra la
población maya Ixil durante el conflicto armado que afectó Guatemala
entre 1960-96, que dejó unas 250.000 víctimas, entre muertos y
desaparecidos.
Ríos Montt asumió el poder tras un golpe de estado el 23 de marzo de
1982, derrocando al general Romeo Lucas García, y se mantuvo como
presidente de facto hasta el 8 de agosto de 1983.
Durante esta época se registraron el mayor número de personas
masacradas, torturadas, violadas y desplazadas en la historia del
conflicto armado.
La fiscalía sostiene que durante el gobierno que encabezó Ríos Montt se
asesinaron al menos a 1.771 personas de la etnia maya Ixil, que residían
en las comunidades San Juan Cotzal, San Garpar Chajul y Santa María
Nebaj en Quiché.
Las operaciones militares en esa época eran parte del denominado Plan
Campaña Victoria 82, creado por la fuerza de tarea Gumarcaj, integrada
por fusileros, paracaidistas, ingenieros de combate y de construcción,
así como patrulleros de auto defensa civil, las acciones eran
clasificadas como secretas, argumentó la fiscalía.
Todas las acciones contra los insurgentes eran reportadas a la cúpula militar que integraba Ríos Montt.
Sin embargo, el defensor García argumentó que ninguno de los medios
probatorios establece que Ríos Montt ordenó el exterminio de la
población indígena y denunció que los exguerrilleros están "incrustados"
hasta en la Fiscalía General de Guatemala.
La primera jornada del juicio se realizó en una sala abarrotada de
familiares de las víctimas y de integrantes del Ejército, observadores
internacionales y periodistas, mientras que activistas defensores de los
derechos humanos se manifestaban en las afueras de la Corte Suprema.
No obstante, la sesión se destacó por estrategia del nuevo abogado
defensor, quien terminó su actuación casi en escándalo, cuando la jueza
lo expulsó por haber faltado el respeto al tribunal.
El incidente se registró cuando García presentó una recusación para que
la jueza no dirija el proceso, por considerar que él y Barrios son
"enemigos".
La magistrada negó tal extremo y explicó que el desacuerdo que hubo con
el jurista en un caso anterior se subsanó luego de que este le pidiera
unas disculpas que ella aceptó, por lo que rechazó la recusación.
Ante la insistencia del abogado, Barrios decidió expulsar de la sala a
García y ordenó a los abogados César Calderón, el defensor de Rodríguez,
y a Moisés Galindo, el abogado de otro militar que podría ser juzgado
por genocidio, asumir en la audiencia de hoy la defensa de Ríos Montt.
Barrios dejó abierta la posibilidad de que uno de los cuatro abogados
que hasta esta mañana conformaban el equipo defensor del anciano militar
pueda reasumir esa labor.
Al abandonar el tribunal, García dijo a los periodistas que presentará
una denuncia contra Barrios por "prevaricato" y también un recurso de
amparo por rechazar la magistrada la recusación que presentó.
El histórico juicio, el primero que se realiza en Guatemala contra de un
exjefe de Estado por genocidio y crímenes de guerra, podría prolongarse
durante varias semanas.
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