Las querellas particulares de los detenidos desaparecidos durante la dictadura Narciso Santiesteban y Julio Rolando Álvarez García, pidieron el viernes penas de 16 años de prisión efectiva para el imputado José Eduardo Bulgheroni y de cadena perpetua para Rafael Mariano Braga, en el marco del juicio oral por delitos de lesa humanidad.
Paula Alvarez Carreras, abogada querellantes de la familia de Santisteban en la causa Reynaldo Aragón y otros, dijo que la víctima fue detenida en Libertador San Martín el 13 de abril de 1977, tras lo cual fue llevada a la cárcel de barrio Gorriti, desde donde desapareció.
Entre las pruebas en contra de Bulgueroni, la abogada dijo que "era conocido" por su crueldad y se remitió a declaraciones que prestó el ex diputado del PJ, Hugo Eleit.
Entre las pruebas aportadas para el pedido de condena por parte de la querella, se encuentran documentos militares sobre la función de Bulgheroni en inteligencia del Área 323, quien reemplazó a Braga porque según los jefes "ya era muy conocido", al igual que testimonio que prestaron detenidos en el Penal sobre Santiesteban y el represor.
Alvarez Carreras pidió para Bulgheroni la pena de 16 años de prisión efectiva en cárcel común por asociación ilícita agravada, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada por uso de violencia.
El abogado Ariel Ruarte, querellante por Julio Rolando Álvarez García, militante de la JUP y Montoneros, pidió "cadena perpetua" para Rafael Mariano Braga por acumulación de penas, por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y además por ser partícipe necesario y coautor de homicidio.
La detención ilegal y posterior detención de Alvarez García sucedió el 21 de agosto de 1976 en su domicilio de calle Libertad del barrio Ciudad de Nieva, en presencia de sus padres, hermanos, sobrinos y amigos, quienes reconocieron a Braga como el jefe del operativo de las fuerzas conjuntas que ingresaron a la vivienda.
El abogado Ruarte dijo a Télam que Braga, apodado el "cara cortada" era el represor más nombrado por todos los detenidos que testimoniaron, al igual que el comisario Ernesto Jaig, que dirigía el centro clandestino de detención en un espacio reservado al área 323 en la propia Jefatura de Policía.
El Tribunal Oral Federal de Jujuy, convocó a audiencia de alegato a los fiscales para el jueves de la próxima semana.
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